Recull Abril 2016 Jurisprudència Tributària i Doctrina Administrativa

Recull Abril 2016 Jurisprudència Tributària i Doctrina Administrativa

FiscalistesCEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de abril de 2016, asunto n.o C- 546/14)

Se examina si es admisible que un empresario en situación de insolvencia realice un pago parcial de un crédito de IVA, en el marco de un procedimiento de convenio concursal como el que establece la normativa nacional controvertida en el litigio principal, es contrario a la obligación de los Estados miembros de garantizar la percepción íntegra del IVA devengado en su territorio y la recaudación eficaz de los recursos propios de la Unión.

Pues bien, según el TJUE, en la medida que no constituye una renuncia general e indiscriminada a la percepción del IVA, el pago parcial del crédito del IVA en el marco de un procedimiento de convenio concursal, no es contrario a la obligación de los Estados miembros de garantizar la percepción íntegra del IVA devengado en su territorio y la recaudación eficaz de los recursos propios de la Unión. La clave de la legalidad de la norma italiana que permite esa posibilidad radica es que el procedimiento concursal incluye la valoración efectuada por un experto independiente de que esa deuda no se pagaría en una cuantía superior en caso de disolución y liquidación total del empresario; luego la quita no se reconoce con carácter general, sino bajo esa condición, y ello es lo que le permite estar dentro del ordenamiento jurídico.

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 3 de febrero de 2016 (Recurso 4140/2014).

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Entidad aseguradora. Seguros por decesos. Deducción provisiones matemáticas y posible duplicidad con provisión para primas no consumidas: No existe duplicidad; deducciones por pólizas dadas de baja voluntaria: no hubo valoración arbitraria de la prueba.

SANCIONES: Falta de justificación del elemento de culpabilidad. En este sentido, el Tribunal Supremo efectúa un claro recordatorio de la doctrina acerca de la necesidad de probar la culpabilidad del contribuyente y reprueba la actuación inspectora (y del Abogado del Estado) por su motivación sobre presunciones atendiendo a la condición subjetiva del contribuyente.

«Vista la justificación ofrecida en el acuerdo sancionador para sancionar y los términos en los que se desenvuelve el motivo de casación articulado por el Sr. Abogado del Estado, la resolución de este pasa, una vez más, por recordar lo dicho por este Tribunal en una jurisprudencia constante y consolidada. Recordar que el órgano competente para sancionar, el que tiene atribuida la potestad sancionadora es al que le viene impuesta la justificación y motivación sobre la concurrencia de culpabilidad, lo que no puede ser suplido ni por el órgano económico administrativo, ni por el judicial; no puede considerar probada la existencia de culpabilidad por el mero hecho no haber existido una interpretación razonable de la norma, y no es suficiente para fundamentar la sanción, porque el principio de presunción de inocencia garantizado en el artículo 24.2 CE no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el art. 179.2 Ley 58/2003, entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad por lo que la circunstancia de que la norma incumplida sea clara o que la interpretación mantenida de la misma no se entienda razonable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria porque es posible que, no obstante, el contribuyente haya actuado diligentemente.

En aquellos casos en los que, como en el presente, la Administración tributaria no motiva mínimamente los hechos o circunstancias de los que deduce que el obligado tributario ha actuado culpablemente, confirmar la sanción porque este último no ha explicitado en qué interpretación alternativa y razonable ha fundado su comportamiento, equivale, simple y llanamente, a invertir la carga de la prueba, soslayando, de este modo, las exigencias del principio de presunción de inocencia.

Sobre las circunstancias personales de infractor se ha dicho que no es factible, en ningún caso, presumir una conducta dolosa por el mero hecho de las especiales circunstancias que rodean al sujeto pasivo de la imposición, sino que, en cada supuesto y con independencia de dichas circunstancias subjetivas, hay que ponderar si la discrepancia entre el sujeto pasivo y la Hacienda Pública se debe o no a la diversa, razonable y, en cierto modo, justificada interpretación que uno y otra mantienen sobre las normas aplicables; lo que no cabe de ningún modo es concluir que la actuación del obligado tributario ha sido dolosa o culposa atendiendo exclusivamente a sus circunstancias personales; o dicho de manera más precisa, lo que no puede hacer el poder público, sin vulnerar el principio de culpabilidad que deriva del artículo 25 CE es imponer una sanción a un obligado tributario (o confirmarla en fase administrativa o judicial de recurso) por sus circunstancias subjetivas – aunque se trate de una persona jurídica, tenga grandes medios económicos, reciba o pueda recibir el más competente de los asesoramientos y se dedique habitual o exclusivamente a la actividad gravada por la norma incumplida- si la interpretación que ha mantenido de la disposición controvertida, aunque errónea, puede entenderse como razonable.»

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 9 de marzo de 2016 (Recurso 2307/2014).

Discrepancia entre los magistrados del Tribunal Supremo en cuanto a la normativa que resulta aplicable en el procedimiento sancionador para acudir a la notificación por edictos.

Los magistrados del Tribunal Supremo disienten en cuanto a cuál es la norma aplicable en la materia (notificaciones procedimiento sancionador), si el artículo 104.2 o el artículo 208.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La mayoría se decanta finalmente por la aplicación de este último por considerar que como el artículo 208.4 se remite a los efectos de la práctica de las notificaciones a los artículos 109 a 112, ambos inclusive, sin aludir a la regla del artículo 104.2. Siendo así, es obligado estar a lo que establece el artículo 112 que impone la notificación por comparecencia por medio de anuncios cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria y se hubiese intentado al menos dos veces en el domicilio fiscal.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 17 de marzo de 2016 (Recurso 1775/2014).

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Intereses remuneratorios del capital propio (juros sobre capital propio o juros brasileños). Exención. El Tribunal Supremo confirma la naturaleza como dividendo de los juros brasileños a los efectos de la deducción por doble imposición internacional.

En su día así lo reconoció la Audiencia Nacional (Sentencia de fecha 27 de febrero de 2014), y ahora lo confirma el Tribunal Supremo: a pesar de su apariencia como intereses, los juros brasileños responden a la naturaleza jurídica de dividendo y dan derecho a practicar la correspondiente deducción por doble imposición internacional.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 17 de marzo de 2016 (Recurso 1775/2014).

IVA. Prescripción del derecho a liquidar. Régimen fiscal de fusiones: requisitos para su aplicación.

La inactividad de la Administración hace perder la justificación a la ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras. En el caso analizado, la hipotética «complejidad» del expediente justificativo de la duración y ampliación del plazo de las actuaciones – basada en una operación de reestructuración – queda desvirtuada por la realidad de los hechos: existen plazos de inacción prolongada carentes de justificación, y, además, los datos obtenidos son rechazados por los órganos administrativos; es decir, ni se justifica la tardanza, ni se comprende la inanidad de los datos obtenidos y que presuntamente justifican la tardanza.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 5 de abril de 2016 (Recurso 3583/2014).

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS: Exenciones: beneficios fiscales previstos en la Ley 2/1994, de 30 marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios: alcance: aplicación tanto a los préstamos como a los créditos bancarios con garantía hipotecaria.

La cuestión de fondo se ha abordado en distintas Sentencias, creando la consiguiente Jurisprudencia (Sentencias de fecha 24 de abril de 2014, 5 de marzo de 2015 y 6 de mayo de 2015, entre otras). Conforme a dichos criterios, a efectos del impuesto sobre actos jurídicos documentados y, en particular, de la aplicación de la exención prevista en el artículo 9 de la Ley 2/1994, los créditos con garantía hipotecaria han de asimilarse a los préstamos hipotecarios.

Esta interpretación no puede ser considerada como una extensión analógica de la norma que regula el beneficio fiscal, sino una integración interpretativa de la misma en base a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil.

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA de fecha 24 de febrero de 2016 (Recurso 15315/2015).

IRPF. Pago anticipado de deducción por maternidad. Ejercicio de una actividad por cuenta propia
o ajena.

Derecho a percibir la deducción por maternidad en IRPF a una trabajadora autónoma que no declaró ingresos. La interesada puede practicar la deducción por maternidad cuando sea mujer con un hijo menor de 3 años y realice una actividad por cuenta propia o ajena.

“(…) el ejercicio de una actividad puede, con independencia del sistema de declaración al que la parte demandante imputa el resultado final, no implicar la percepción de ingresos, siendo a los efectos que nos ocupan suficiente acreditar los extremos mencionados en el precitado artículo 83 (del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 marzo, cuya dicción literal era semejante a la del artículo 81 de la Ley 35/2006 ); añadiendo que “con relación a ello, el alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social implica, en principio, el ejercicio de la actividad correspondiente, sin que el interesado deba efectuar justificación adicional alguna al respecto puesto que, a la vista de ello, habría de ser la Administración quien acreditase un alta formal en el Régimen de referencia, sin corresponderse con actividad alguna”.

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA de fecha 24 de febrero de 2016 (Recurso 15315/2015).

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Reducción del 95% de la base liquidable por participación en empresa familiar.

La Sentencia cuestiona que se niegue la reducción por la escasa remuneración de la persona que acreditaba ejercer funciones de dirección en los términos exigidos en la normativa vigente. En este sentido, sólo exige el ejercicio de las funciones de dirección y la determinación de un porcentaje de retribuciones y como único punto de partida para efectuar la comprobación la fecha del devengo que legalmente, artículo 24.1 del Impuesto, que viene establecida en el día del fallecimiento del causante.

El Tribunal afirma que, “ante la duda, siempre ha de atenderse a la interpretación finalista de la norma, de manera que si lo que se pretende es la concesión de un beneficio a las empresas familiares que facilite en lo posible su transmisión mortis causa evitando una eventual liquidación para el pago del impuesto de sucesiones lo lógico es interpretar la norma de una manera tendente a dicha finalidad (…)”.

 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)

Resolución de fecha 4 de Febrero de 2016 (Rec. 3720/2013)

Reintegro de devoluciones obtenidas por autoliquidación mediante declaración complementaria a ingresar. Recargo por presentación extemporánea vs intereses de demora.

En el caso que se analiza, la entidad presentó el 25 de julio de 2012 autoliquidación por el IS del ejercicio 2011, con resultado a devolver, siéndole efectivamente devuelta la cantidad correspondiente el 4 de enero de 2013. Posteriormente, el 11 de febrero de 2013 presentó autoliquidación complementaria con resultado a ingresar, por la cantidad que se corresponde con la diferencia entre el importe de la devolución indebidamente obtenida y el importe a devolver que procedería según la complementaria presentada. Previamente, el 8 de febrero de 2013, la entidad había ingresado dicha cantidad. La Administración tributaria practicó recargo por presentación fuera de plazo sobre el importe ingresado. No obstante, la entidad alega que el citado recargo por presentación extemporánea no procede, sino que deberían en su caso liquidarse intereses de demora sobre el importe de la devolución indebidamente obtenida desde el cobro de la misma el 4 de enero de 2013 hasta su reintegro el 8 de febrero de 2013.

Según el Tribunal, el criterio correcto es exigir intereses de demora pues, con ocasión de la presentación de la autoliquidación complementaria, la entidad reconoce el cobro improcedente de una devolución. No existe importe a ingresar resultante de una eventual autoliquidación sino una menor cantidad a devolver respecto de la inicialmente solicitada y devuelta. Por tanto, a criterio del TEAC, no debió liquidarse ningún recargo por presentación extemporánea sobre el importe de la devolución indebidamente.

Resolución de fecha 17 de Marzo de 2016 (Rec. 1819/2013)

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD. Regularización de la situación tributaria mediante procedimiento de verificación de datos. Nulidad de la liquidación practicada y nulidad de pleno derecho del procedimiento utilizado por la Administración por incumplimiento de las normas aplicables de los procedimientos administrativos.

En el caso enjuiciado la determinación del cumplimiento de los requisitos para determinar si la obra realizada tiene la condición de obra de rehabilitación a efectos del IVA requería que se siguiese el procedimiento de comprobación limitada o inspección. Como expone el Tribunal, el procedimiento de verificación de datos, a la vista de su regulación, se agota en el mero control de carácter formal de la declaración o de la autoliquidación presentadas y de su coincidencia con los datos provenientes de otras declaraciones o en poder de la Administración. La regularización de la situación tributaria practicada excedió en mucho al ámbito recogido en el artículo 131 LGT.

La utilización improcedente del Procedimiento de Verificación de Datos (PVD) en relación con el desarrollo de actividades económicas conlleva la nulidad radical o de pleno derecho del procedimiento, pues resulta claro, manifiesto y ostensible el incumplimiento de la limitación legalmente establecida al procedimiento de verificación de datos en relación con las actividades económicas previsto en la letra d) del artículo 131 LGT.

Como expone y desarrolla el Tribunal, existen diferencias sustanciales entre Procedimiento de Verificación de Datos (PVD) y el Procedimiento de Comprobación Limitada (PCL), que afectan a los derechos y garantías de los obligados tributarios y a sus posibilidades de defensa.

En el PVD, debido a que las liquidaciones que les ponen fin carecen de efectos preclusivos (Artículo 133.2 LGT “La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma”), la Administración queda dispensada de especificar en su resolución “las actuaciones concretas realizadas”, a diferencia de lo que se exige en el procedimiento de comprobación limitada (de conformidad con la letra b) del artículo 139.2 de la LGT), lo que afectará sin duda a las garantías de defensa de los obligados tributarios si se ha optado por la utilización de un procedimiento improcedente.

La liquidación sin efecto preclusivo dictada que pone fin al PVD, ha servido para interrumpir en favor de la Administración el plazo de prescripción de cuatro años de la acción para determinar la deuda mediante la oportuna liquidación, interrupción ésta que, tengámoslo en cuenta, afecta a todos los elementos de la obligación tributaria con alcance general, aun cuando la verificación se haya referido a uno solo concreto de ellos.

Debido a la combinación de las dos circunstancias anteriormente expuestas, la elección por parte de la Administración de iniciar un PVD, y no de comprobación limitada, siendo este último el procedente, le deja abierta la posibilidad de volver a comprobar, sin límite y sin vinculación alguna al previo pronunciamiento administrativo, el objeto previamente regularizado. Es esta la diferencia sustancial con el PCL, cuyas liquidaciones, aunque también provisionales, tienen efectos preclusivos en los términos del artículo 140 LGT. Y esta diferencia afecta de plano a los derechos y garantías de los obligados tributarios.

(Resolución en mismo sentido que las dictadas en fecha 13 y 21 de mayo de 2015)

Resolución de fecha 17 de Marzo de 2016 (Rec. 703/2013)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Base imponible.

1. Cantidades que deben abonar los laboratorios farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud en función del volumen de medicamentos vendidos a pacientes del sistema. Los laboratorios deben emitir factura rectificativa por el descuento, sin que en este caso deban remitirla ni a los destinatarios que adquirieron los productos ni al Sistema Nacional de Salud, que no fue la destinataria de los productos.

2. Descuentos posteriores al momento de la realización del hecho imponible. Descuentos de los laboratorios al Sistema Nacional de Salud en función del volumen de ventas a pacientes del sistema. Art 78.Tres.2o LIVA. Cantidades que deben abonar los laboratorios farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud en función del volumen de medicamentos vendidos a pacientes del sistema.

Los ingresos estatales por descuentos por volumen de ventas de medicamentos al Servicio Nacional de Salud, son incardinables en la figura conocida en la práctica mercantil como “rappels” de venta, que se exigen o pueden serlo, por parte de las empresas a sus proveedores en atención al volumen de compras que les efectúan; en este caso, el cliente que exige el descuento por volumen de ventas a las industrias proveedores de medicamentos es el Estado, como responsable del Servicio Nacional de Salud, y solamente se aprecia por el importe de las ventas que los proveedores efectúen por cuenta de dicho Servicio, ya que puede considerarse el principal cliente de dichos proveedores.

Al haber abonado los laboratorios las cantidades al Sistema Nacional de Salud, en función de los porcentajes señalados en la norma que regulaba los descuentos, debe entenderse que en dichas cantidades se incluye ya la cuota de IVA, por lo que el laboratorio no debe proceder a devolver cantidad alguna al Sistema Nacional de Salud.

En este caso las rectificaciones (modificaciones de la base imponible por descuentos vinculados al volumen de ventas de medicamentos) no tienen la naturaleza de devolución de ingresos indebidos, por lo que debe procederse a la rectificación conforme a lo señalado en el artículo 89.Cinco.b) de la Ley del IVA. No obstante, si debe rectificarse la autoliquidación a partir del momento en que sea firme la resolución administrativa, procediendo así la rectificación de las cuotas repercutidas.

3. Las cantidades que deben abonar los laboratorios farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud en función del volumen de medicamentos vendidos a pacientes del sistema, de acuerdo con la doctrina del TEAC, jurisprudencia del Tribunal Supemo y del Tribunal Constitucional que se consignan en la resolución, tienen naturaleza de descuentos posteriores al hecho imponible.

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA

DGT Consulta V3625-15, de 19 de noviembre de 2015.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Empresas familiares. Persona física mayor de 65 años, con una participación del 66,84%, y miembro del consejo de administración de una sociedad de responsabilidad limitada, siendo su esposa e hijos los restantes socios y miembros del consejo de administración, siendo socio y administrador solidario de otra sociedad, también familiar. Posibilidad de aplicar la exención prevista en el artículo 33.3 c) LIRPF para la donación de participaciones sociales.

La existencia de pensión de jubilación es cuestión ajena a la normativa tributaria por lo que, si concurren los requisitos legales establecidos para el beneficio tributario, la percepción de aquella no es obstáculo para la procedencia de éste.

DGT Consulta V3762-15, de 26 de noviembre de 2015.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Transmisión de un inmueble por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a un tercero. Devengo. Operación sujeta a la que no resulta de aplicación ninguna de las exenciones previstas en el art. 105 TRLRHL y en la que el obligado al pago es el transmitente, es decir, la SAREB.


DGT Consulta V0296-16, de 26 de enero de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Grupo familiar constituido por dos hermanos y sus respectivos cónyuges, titulares de la totalidad de las participaciones en una entidad mercantil. Fallecido uno de los hermanos, las funciones directivas las ejerce su viuda.

Pues bien, la doctrina administrativa sigue el criterio del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 27 de septiembre de 2005, según la cual: “El parentesco por afinidad se genera y sostiene en el matrimonio, por lo que desaparecido el vínculo matrimonial se extingue este, rompiéndose entre los cónyuges cualquier relación parental, y si se rompe entre los esposos, con más razón respecto a la familia de uno de ellos en relación con el otro, esto es, el parentesco por afinidad desaparece”.

En consecuencia y dado que el requisito del art. 4.Ocho.Dos.b) Ley 19/1991 del Impuesto delimita como “grupo de parentesco” el formado con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado “ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción” no puede considerarse subsistente el que existía con anterioridad al fallecimiento.

DGT Consulta V0403-16, de fecha 2 de febrero de 2016.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Legado de cosa ajena. El legado de cosa ajena es una carga impuesta por el testador a su sucesor universal para poder aceptar su parte de la herencia. Por ello la base imponible en su Impuesto de Sucesiones estará compuesta por la parte que le corresponda por la herencia, de la que podrá deducirse el legado de cosa ajena que se ve obligado a realizar para poder aceptar la misma; por otra parte, cada legatario deberá incluir en la base imponible del impuesto el legado que recibe.

Y la misma tributación procederá en el caso de que no se cumpla el legado por imposibilidad de conseguir la cosa ajena, en que en aplicación del art. 861 CC se podría sustituir el legado por una justa compensación. Ahora bien, si no se prueba la “imposibilidad” y los herederos realizan la compensación en dinero tributarían por el Impuesto, sin poderse deducir la carga que impone el legado y los legatarios tributarían por el ISD pero no por el concepto de sucesiones, sino por el concepto de donaciones, pues la cantidad que recibirían no es en cumplimiento del legado.


DGT Consulta V0506-16, de 9 de febrero de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancias y pérdidas patrimoniales. El robo de unos concretos bienes sufrido por la persona física constituye pérdida patrimonial siempre que pueda justificarse, cuantificándose su importe en el valor de mercado de los elementos patrimoniales robados. Respecto a la integración de esta pérdida en la base imponible del impuesto cabe señalar que el hecho de no proceder de una transmisión de elementos patrimoniales conlleva su consideración como renta general.

DGT Consulta V0694-16, de 22 de febrero de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Exención por doble imposición.

A los dividendos distribuidos por una entidad domiciliada en Gran Canaria, inscrita en el Registro de la Zona Especial Canaria (ZEC) y que ha tributado desde el inicio (2004) de sus actividades a los tipos bonificados en el Impuesto sobre Sociedades establecidos para la ZEC -su oscilación ha sido entre el 1 y el 4%- y cuyo capital social pertenece al 97% a otra entidad, les resultará de aplicación la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos del artículo 21 de la LIS, al cumplirse los requisitos establecidos en el mencionado artículo: el porcentaje es del 97%, se cumple el requisito de posesión de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se ha distribuido, con independencia de la inscripción de la entidad participada en el Registro de la ZEC.

DGT Consulta V0799-16, de 29 de febrero de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Convenio de Doble Imposición entre España y EEUU.

La sociedad interesada, residente en España, suscribe con una entidad residente en EEUU un contrato denominado de “hosting” en virtud del cual se le pone a disposición el hardware y software propiedad de la entidad americana con el fin de alojar, gestionar, mantener y actualizar una parte de la página web de la consultante, que a su vez actúa como plataforma global, segura y eficiente de reserva de billetes aéreos, interconexión con otras compañías y carga de operaciones en el sistema contable. El objeto principal del contrato es la puesta a disposición de la interesada de las páginas web y aplicaciones correspondientes, siendo accesorias a dicho objeto principal el resto de prestaciones.

La cuestión radica en la calificación de las rentas derivadas de la tecnología informática en la medida que el prestador del servicio sea un no residente fiscal. La DGT analiza la tributación de las rentas derivadas de contratos de hosting, señalando que el pago por los servicios de alojamiento web, si es un no residente quien hospeda, no tiene la naturaleza de canon -lo que repartiría la tributación entre España y el Estado de residencia- sino de beneficio empresarial -lo que le hace tributar, con carácter general, tan sólo en el Estado de residencia de la entidad que presta ese servicio-. En concreto, afirma que, “en la medida en que los pagos se realicen en contraprestación de la utilización de un derecho de autor sobre la aplicación que es absolutamente estándar y no adaptada de algún modo para el adquirente, no podrán ser calificados como cánones, siendo beneficios empresariales con arreglo al artículo 7 del Convenio.”

Adicionalmente, se aborda la calificación de las eventuales rentas por la formación que presta el proveedor no residente a la empresa española sobre la forma para acceder a los sistemas. Así pues, en la medida en que la formación se limite a la transmisión de los conocimientos y asistencia necesaria para lograr el efectivo uso del producto por parte de la consultante, dicha formación no debería encuadrarse en el concepto de cesión de “know-how” ni asistencia técnica, excluyéndose la calificación como cánones de los pagos realizados en contraprestación. Es más, la DGT califica dicho servicio de formación como accesorio.

DGT Consulta V0761-16, de 25 de febrero de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por inversión en vivienda habitual.

El consultante adquiere en 2015 a su ex cónyuge, mediante adjudicación por extinción de condominio en el proceso de divorcio, un porcentaje de propiedad de la vivienda por la cual el interesado, desde antes de 2013, ya era propietario en proindiviso y venía practicando la deducción por inversión en vivienda habitual. A partir de 1 de enero de 2013 se suprimió dicha deducción si bien se introdujo un régimen transitorio para, entre otros, aquellos contribuyentes que hubieran adquirido jurídicamente su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013, que podrán seguir aplicando dicha deducción.

Pues bien, el criterio de la DGT es que, las cantidades que satisfaga por cualquier concepto – reducción de la carga hipotecaria u otro motivo – relacionadas con la parte indivisa de propiedad que adquiere en 2015, en ningún caso darán derecho a practicar la deducción por inversión en vivienda habitual dado que dicha adquisición se ha producido con posterioridad al 31 de diciembre de 2012.

Esta resolución mantiene un criterio discrepante con el contenido en la Resolución del TEAC (Recurso 6331/2013) de fecha 10 de septiembre de 2015.

 

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