Recull Març 2016 Jurisprudència Tributària i Doctrina Administrativa

Recull Març 2016 Jurisprudència Tributària i Doctrina Administrativa

SELECCIÓ DE JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA MARÇ DE 2016
FISCALISTES CEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

 

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 3 de feb. de 2016 (Rec. 4140/2014).
(Ver aquí)

Actuaciones de comprobación e inspección Imposibilidad de la Inspección de regularizar elementos tributarios que ya habían sido previamente comprobados por la Administración Tributaria. Doctrina reiterada. Imposibilidad de efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 22 de febrero de 2016 (Recurso 836/2014).  (Ver aquí)
La tutela judicial efectiva también asiste a la Administración frente a una incorrecta indicación de los recursos. En el caso de autos, la Comunidad Autónoma acudió a la vía contencioso- administrativa sin haber agotado la vía administrativa (cabía recurso de alzada ante el TEAC).

Pues bien, según el Tribunal Supremo, a pesar de que esté asistida por expertos en la materia, no cabe exigir a la Administración un deber extraordinario de diligencia frente a una notificación con indicación errónea de los recursos que caben frente al acto notificado, pues también en estos casos el órgano viene obligado a la indicación correcta de los recursos pertinentes, no debiendo colocársele ante la disyuntiva de optar por el recurso que se le ofrece en la notificación o aquél que considerase correcto.

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 1 de marzo de 2016 (Recurso 3959/2014).  (Ver aquí)

Procedimiento de inspección. Interrupciones y dilaciones. Inexistencia de entorpecimiento a las actuaciones inspectoras por la no aportación de documentación requerida.

Se establecen dos criterios al respecto: en primer lugar, que la noción de “dilación” incluye tanto las demoras expresamente solicitadas por el obligado tributario y acordadas por la Inspección como aquellas pérdidas materiales de tiempo provocadas por su tardanza en aportar los datos y los elementos de juicio imprescindibles para la tarea inspectora; en segundo término, y como corolario de la anterior, se ha de dejar constancia de que la “dilación” es una idea objetiva, desvinculada de todo juicio o reproche sobre la conducta del inspeccionado. Así, pues, cabe hablar de “dilación” tanto cuando pide una prórroga para el cumplimiento de un trámite y les es concedida, como cuando, simple y llanamente, lo posterga, situaciones ambas que requieren la existencia de un previo plazo o término, expresa o tácitamente fijado, para atender el requerimiento o la solicitud de información.

Al alcance meramente objetivo (transcurso del tiempo) se ha de añadir un elemento teleológico. No basta su mero discurrir, resultando también menester que la tardanza, en la medida en que hurta elementos de juicio relevantes, impida a la Inspección continuar con normalidad el desarrollo de su tarea.

En el análisis de las dilaciones hay que huir de criterios automáticos, ya que no todo retraso constituye per se una «dilación» imputable al sujeto inspeccionado.

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 1 de mar. de 2016 (Rec. 3155/2014).
(Ver aquí)

La facultad revisora de los órganos económico-administrativos impide la recalificación de las interrupciones justificadas efectuada por la Inspección en perjuicio del reclamante.

Como claramente recuerda el Tribunal Supremo, la función del TEAC es la de determinar la conformidad o no a Derecho de la liquidación practicada, sin que la amplia facultad revisora que se le otorga para decidir cuantas cuestiones se deriven del expediente, hayan sido o no planteadas por las partes, pueda empeorar la situación inicial del reclamante ni desconocer las garantías necesarias para preservar la seguridad jurídica subjetiva y la defensa en plenitud de los derechos de los interesados.

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA de fecha 15 de febrero de 2016 (Recurso 277/2015). (Ver aquí)

La comprobación del valor tiene que atender al caso concreto, al concreto y específico bien inmueble a valorar, sin embargo en el caso de autos, aplicando la metodología prevista por el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, en los términos en que ha sido desarrollado por la Orden 4/2014 de la Comunitat Valenciana (coeficientes aplicables en 2014 al valor catastral a los efectos de ITP y AJD e ISD), la Sala considera que se ha omitido la valoración individual, que lleve del coeficiente medio al del bien concreto transmitido, por lo que ni la metodología (equiparación de valor medio con valor individual) es idónea, ni satisface la determinación del valor comprobado en los términos que exige al jurisprudencia. Y dicho valor “real” individualizado no puede ser fijado como consecuencia de la mera asunción de unos “valores estimativos”, pues ello implica exigir un tributo en base a valores genéricos, que no atienden a las circunstancias físicas y económicas de cada inmueble.

Esa exigencia de individualización de la valoración inmobiliaria, implica atender al estado real del inmueble, a sus circunstancias físicas y económicas, a su estado de conservación, a su antigüedad y a los demás condicionantes de su valor en ese momento, y no limitarse a aplicar unos coeficientes o parámetros genéricos, válidos para cualquier inmueble situado en un mismo término municipal.

Por lo expuesto deberemos concluir que el método utilizado por el órgano administrativo, amparado en la Orden 4/2014, no puede servir para cuestionar válidamente la declaración o autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, pues la Orden incurre en los defectos enunciados, que conducen, como ya se ha anticipado, a la declaración de nulidad de la misma, y por tanto a su expulsión del ordenamiento jurídico.

(En el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 26 de octubre de 2015).

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA de fecha 29 de octubre de 2015 (Recurso 114/2012).
(Ver aquí)

La literalidad del artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre Patrimonio no excluye que la titularidad de las participaciones pueda ser directa o indirecta, en este caso a través de sociedades interpuestas, como es el caso, en el que el recurrente era titular del 99,997% de las sociedades situadas en el cuarto nivel, es decir, de aquella cuya participación no superaba el 5% del capital social y de la SIMCAV.

La norma abre la posibilidad de aplicar la exención a la titularidad de sociedades en cartera, pero en la medida en que su actividad principal no sea la mera gestión de un patrimonio, sino que sirva al desarrollo de la actividad empresarial del sujeto pasivo, y tal presupuesto se vería defraudado si se atiende solo a la titularidad de primer nivel, ignorando el entramado de sociedades. La reforma operada, por Ley 35/2006, que aplica la regla de valoración a las participaciones en entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora, no aparece como innovadora, y no se expresa en su exposición de motivos, sino como un ajuste técnico en la Ley del Impuesto sobre Patrimonio, es decir, expresar técnicamente lo que la Ley solo establecía implícitamente.

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA de fecha 3 de diciembre de 2015 (Recurso 20/2014).
(Ver aquí)

No puede exigir recargo por declaración extemporánea a un contribuyente que habiendo presentado en plazo la declaración de herencia y solicitud de liquidación, presentara posteriormente una autoliquidación.Las Administraciones demandadas alegan que los obligados tributarios podían haber esperado a la práctica de las liquidaciones provisionales por la Administración derivadas de la documentación por ellos presentada o bien presentar la autoliquidaciones en plazo, y que el hecho de haberlas presentado en modo extemporáneo, determina en cualquier caso la exigencia del recargo por declaración extemporánea; a lo que la letrada de la Generalitat de Catalunya añade como argumento que “al presentar una autoliquidación se originó un nuevo expediente liquidatorio”.

Estos argumentos de las Administraciones no pueden ser acogidos.

Si acaso pudiera llegar a entenderse que ha concurrido un exceso de celo por parte los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, al presentar ante la Administración tributaria no solo la escritura de manifestación y aceptación de herencia y demás documentación exigible, sino también las autoliquidaciones correspondientes. Pero estas autoliquidaciones no pueden desvincularse de la anterior declaración tributaria de herencia, con lo que, al haber sido esta última, alternativa a las autoliquidaciones, formulada dentro del plazo legal de seis meses, la extemporaneidad en la presentación de las segundas no puede ser objeto de recargo alguno.

Y, obviamente, no puede ser soporte de la aplicación de los recargos liquidados a los actores, como aduce la Administración demandada, el que la autoliquidación presentada por los obligados tributarios comportara la apertura de un nuevo expediente, en lugar de llevar las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes al expediente ya abierto, a raíz de la presentación por aquellos de la escritura de manifestación y aceptación de herencia, para la liquidación del impuesto de sucesiones.

 

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA de fecha 10 de diciembre de 2015 (Recurso 543/2012).
(Ver aquí)

IRPF. Exención por trabajos realizados en el extranjero.

Del análisis del certificado expedido por el propio recurrente en su condición de Director de Recursos Humanos, se aprecia que muchos de los desplazamientos obedecieron a su participación en reuniones de los órganos de dirección del grupo. Es decir, son actividades subsumibles en aquéllas que se realizan por un miembro del grupo debido a sus intereses en uno o varios de los restantes integrantes y que, por tanto, no justificarían una retribución a cargo de las sociedades que se beneficien de las mismas, por lo no cabe considerar que se ha prestado un servicio intragrupo que pudiere beneficiarse de la exención cuestionada. Ningún dato adicional se ha aportado que permita concluir que tales actividades supusieron un ventaja o utilidad para las filiales que incidieron directamente en su funcionamiento y en la obtención de resultados de cada una de las sociedades.

Por tanto, no cabe aplicar la exención prevista en el artículo 7.p de la Ley 35/2006 del IRPF por desplazamiento en el extranjero para participar en los órganos de dirección del grupo cuando no se acredite que las actividades supusieron un ventaja o utilidad para las filiales que incidieron directamente en su funcionamiento y en la obtención de resultados de cada una de las sociedades.

(En el mismo sentido, Consultas de la DGT, entre otras, V2418-08, de 16 de diciembre, V1556-09, de 29 de junio, V2034-10, de 16 de septiembre, V0745-13, de 12 de marzo, V1653-13, de 20 de mayo, V0078-14, de 15 de enero y, especialmente, V1315-15, de 29 de abril).

 

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)

Resolución de fecha 4 de Febrero de 2016 (Rec. 209/2013)

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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Gastos deducibles. Provisión para responsabilidades. No se admite la deducibilidad fiscal de la provisión para responsabilidades por haber sido condenado el sujeto pasivo por sentencia judicial como responsable solidario al pago de determinada cantidad. Para que la provisión sea fiscalmente deducible es necesario que la contingencia que cubre corresponda, en sí mismo, a un gasto que sea fiscalmente deducible en el IS, no bastando con la existencia de un litigio en curso o de una indemnización o un pago pendiente para que la provisión sea fiscalmente deducible; en el caso de que se le exija el pago nacería un derecho de repetición o crédito frente al deudor principal que posteriormente, en su caso, originaría la dotación a una provisión por insolvencias.

Resolución de fecha 2 de Marzo de 2016 (Rec. 7498/2015)

(Ver aquí)

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Plazo presentación de la declaración.

En recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión controvertida que se plantea en el presente recurso, que consiste en determinar la forma en que ha de efectuarse el cómputo del plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades cuando el ejercicio económico de la entidad declarante concluye el día 30 de junio así como, si habiéndose presentado la declaración el día 25 de enero siguiente procede, o no, liquidar el recargo por presentación extemporánea. Pues bien, cuando el período impositivo del Impuesto concluya el 30 de junio, el plazo de 6 meses se computa de fecha a fecha y, por tanto, concluye el 30 de diciembre siguiente. En consecuencia, los 25 días para presentar la declaración empiezan a computar el 31 de diciembre y concluyen el día 24 de enero siguiente. La misma regla deberá regir siempre que el período impositivo termine el último día de un mes que no tenga 31 días.

Resolución de fecha 2 de Marzo de 2016 (Rec. 5079/2012)
(Ver aquí)

La cuestión debatida se centra en conocer si la recuperación de valor a que alude el artículo 19.6 del Real Decreto Legislativo 4/2004 del Texto Refundido de la Ley del IS debe integrarse en la base imponible de la entidad que se dedujo fiscalmente la pérdida por deterioro de valor o por transmisión de elementos patrimoniales, o si debe integrarse en la de la entidad que en el momento en que tiene lugar dicha recuperación de valor es titular de los elementos patrimoniales revalorizados.

La regla general es que la recuperación de valor de un elemento patrimonial se impute en el período impositivo en que dicha recuperación se produzca en la base imponible de la entidad que tuvo la pérdida por deterioro de valor y que sigue ostentando la titularidad del bien.

Sin embargo, el artículo 19.6 del no se limita a señalar que dicho ingreso deberá integrarse en el período en que la recuperación del valor se produzca, sino que añade la expresión siguiente: “sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella”. Con esta expresión el precepto contempla la posibilidad de que el elemento que ha sido objeto de corrección de valor se haya transmitido a una entidad vinculada y de que la recuperación de valor tenga lugar en esta última. En este supuesto, la norma no establece de manera inequívoca la base imponible en que habrá de integrarse dicha recuperación de valor, si en la de la entidad que se dio el gasto por deterioro de valor o en la de la entidad que es titular del elemento cuando la recuperación de valor se produce.

Pues bien, el Tribunal Central concluye que la recuperación de valor cuando se transmite el elemento que ha sido objeto de la corrección de valor a una entidad vinculada deberá integrarse en todo caso en la entidad que practicó la corrección, tanto si la entidad vinculada es residente en

España como si no. Lo mismo cabe decir respecto del supuesto contemplado en la segunda parte del precepto analizado, debiéndose integrar la recuperación de valor en la entidad que sufrió la pérdida. Tal conclusión no sólo es plenamente respetuosa con la literalidad del art. 19.6 del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) sino también plenamente coherente con la indudable finalidad antielusoria del precepto.

Adicionalmente, el TEAC trae a colación la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 20 de diciembre de 2010, en la afirmaba que el sujeto al que debe imputarse la recuperación del valor y, por tanto, el ingreso debe ser la sociedad que ostente la titularidad del elemento cuando se produce dicha recuperación, sin que frente a ello quepa admitir que dicha regla general no opera cuando el adquirente es una sociedad no residente. Ahora bien, según el TEAC dado que el criterio de la AN no es jurisprudencia consolidada, decide mantener su postura de que la recuperación del valor debe integrarse en la base imponible de la entidad que practicó la corrección de valor o, en el supuesto del segundo párrafo del artículo 19.6 TRLIS, de la entidad que sufrió la pérdida.

 

Resolución de fecha 17 de Marzo de 2016 (Rec. 230/2013)
(Ver aquí)

La minoración de las cuotas soportadas deducidas del IVA, como consecuencia de una resolución de contrato (Art. 80.Dos LIVA), no es obligatoria en tanto el destinatario no haya recibido la factura rectificativa por la que se modifica la base imponible y la cuota repercutida.

Si el destinatario no ha procedido a rectificar dichas cuotas no ha sido por otro motivo que la ausencia del documento justificativo de la obligación impuesta legalmente para proceder a

rectificar la cuota soportada efectivamente deducida en su día. Los efectos o consecuencias de esta ausencia del documento que acredita la rectificación de las cuotas repercutidas, cuya expedición resulta ser obligatoria para el sujeto pasivo que realizó la operación cuya base imponible se modifica posteriormente, no pueden trasladarse sin más al destinatario de la operación, al margen del examen de supuestos de fraude o participación del destinatario en operaciones fraudulentas.

Se modifica el criterio expuesto en otras resoluciones en las que se consideraba irrelevante la existencia o no de la factura rectificativa para que naciera para el destinatario el deber de rectificación de las cuotas soportadas deducidas.

 

Resolución de fecha 17 de Marzo de 2016 (Rec. 230/2013)
(Ver aquí)

Tras una sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma la resolución de un contrato de compraventa, la entidad solicitó la rectificación de la autoliquidación y la Administración la denegó por considerar que había prescrito el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos (4 años desde la fecha límite de la autoliquidación).

Ahora bien, según el TEAC no puede ser así en cuanto el derecho a la rectificación surge con la circunstancia que determina la modificación de la base imponible, sin que pueda considerarse que el plazo de rectificación en los casos del artículo surja desde el momento del devengo inicial de la operación que posteriormente se modifica. La minoración de las cuotas repercutidas no da lugar a un ingreso indebido (no tiene esa consideración)cuando procede deuna modificación

sobrevenida de la base imponible (resolución de contrato en este caso). La devolución procedente es la derivada de la normativa del tributo, no de un ingreso indebido.

Por otro lado, la ausencia de calificación correcta por parte de la Administración tributaria y la dicción del artículo 89.Cinco, impiden trasladar a la entidad los efectos perniciosos que ello conllevaría, y dado que ha existido controversia sobre la forma de proceder a rectificar, la entidad tendrá derecho a efectuarla emitiendo factura rectificativa a partir del momento en que la resolución del TEAC sea firme.


C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA

DGT Consulta V2913-15, de 7 de octubre de 2015.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Domicilio fiscal. Sociedad con domicilio social diferente de su domicilio fiscal. El domicilio que debe consignarse en las facturas es el domicilio fiscal que figure como tal a efectos censales, de acuerdo con lo establecido en el RD 1065/2007. No obstante, en el supuesto de que el contribuyente disponga de varios lugares fijos de negocio, en las facturas deberá indicarse, además, la sede de la actividad o del establecimiento al que se refieran las operaciones que se documenten en la correspondiente factura, en los casos en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones.

 

DGT Consulta V3893-15, de 4 de diciembre de 2015.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Base imponible. Rendimientos de capital inmobiliario. El interesado es propietario de una vivienda que tiene arrendada a estudiantes. Cuando finaliza el curso académico, y en lugar de contratar a una empresa, él mismo efectúa una limpieza a fondo de dicha vivienda para prepararla para nuevos inquilinos el siguiente curso. En el presente caso y dado que el interesado no ha satisfecho cantidad alguna por la limpieza de la vivienda de su propiedad, no podrá considerar como deducible el valor o coste de mercado de dicha limpieza.

 

DGT Consulta V0019-16, de 5 de enero de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.Base imponible.

La fianza prestada mediante depósito de dinero para la obtención de la libertad provisional es una medida cautelar cuyo objeto es asegurar que el procesado no se va a sustraer a la acción de la Justicia. Su prestación no altera la titularidad de los bienes o derechos afectados, por lo que procederá su declaración por el sujeto pasivo en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El mismo carácter de medidas cautelares tienen tanto la posible fianza que ordene el Juez competente durante la fase de instrucción para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito que pudieran considerarse procedentes como los embargos anotados sobre bienes. En ambos casos, se trata de garantizar el pago de una posible deuda u obligación de origen extracontractual. Dado que en ninguno de ambos supuestos existe deuda cierta, líquida, vencida y exigible que pueda considerarse como tal a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, no queda alterada la titularidad plena por parte del sujeto pasivo, a los efectos de su declaración y valoración conforme a la normativa del impuesto.

 

DGT Consulta V0020-16, de 5 de enero de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Exenciones. Participaciones en entidades. Requisitos. Exclusión del cómputo de los valores cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad.

Uno de los requisitos a efectos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de la titularidad de participaciones en entidades es el de que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Y a los efectos de saber si el activo de la entidad está constituido por valores no se computarán aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad.

Pues bien, según la DGT, al efecto de dicho cómputo, los beneficios no distribuidos pueden ser tanto los de la entidad como los de sus filiales.

 

DGT Consulta V0021-16, de 5 de enero de 2016.
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Declaración de los saldos existentes en las cuentas corrientes.

Al efecto de determinar el valor de las cuentas corrientes en el Impuesto sobre Sucesiones, respecto de las facultades de disposición sobre cuentas bancarias solidarias o indistintas debe distinguirse entre titularidad de disposición y titularidad dominical. Además, en cuanto a la primera, debe diferenciarse las facultades de disposición sobre una cuenta indistinta según vivan los cotitulares o haya fallecido alguno de ellos.

Los fondos depositados en una cuenta bancaria abierta a nombre de dos o más titulares con el carácter de indistinta o solidaria no pertenecen por ese solo hecho a todos los cotitulares (la cotitularidad no determina, por sí sola, la existencia de un condominio, y menos por partes iguales), sino que lo que tal titularidad de disposición solidaria significa es que cualquiera de dichos titulares tendrá, frente a la entidad financiera, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta. Ahora bien, esta titularidad de disposición sólo mantendrá su vigencia mientras vivan los cotitulares de ella y no puede extenderse más allá de la muerte de alguno de ellos.

A partir del momento del fallecimiento de uno de los cotitulares, el otro -u otros- dejan de tener facultad de disposición sobre la parte del saldo de la cuenta indistinta cuya titularidad dominical correspondía al fallecido, que deberá integrarse en el caudal relicto del causante y pasar a sus herederos, los cuales deberán tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para poder disponer de dicha parte del saldo, como sujetos pasivos del Impuesto.

 

DGT Consulta V0042-16, de 8 de enero de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. La transformación y canje de parte de las participaciones sociales de una sociedad en participaciones sin voto genera una ganancia o pérdida patrimonial al interesado y se imputará a la base imponible del ahorro. Para la determinación de la variación patrimonial, el valor de transmisión se considera el mayor del valor de mercado de las nuevas participaciones sociales o el de las antiguas que son sustituidas.

 

DGT Consulta V0164-16, de 19 de enero de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. En un contrato de arrendamiento de un local de negocio de su propiedad en el que se ha establecido un periodo de carencia de la renta como compensación de las obras de adecuación inicial que debe realizar el arrendatario en dicho local para el desarrollo de su actividad económica, la base imponible del IVA será el importe total de la contraprestación del arrendamiento, incluyéndose en dicho concepto no solamente el importe de las rentas, sino también las cantidades asimiladas a la renta y cualquier crédito efectivo del arrendador frente al arrendatario derivado de la prestación arrendaticia y de otras accesorias a la misma, como el importe de la obra de adecuación efectuada en el local por el arrendatario, y que según el contrato de arrendamiento aportado quedará en beneficio del arrendador.

RETENCIONES. Mientras las rentas derivadas del contrato de arrendamiento del local de negocio no se satisfagan, por no existir obligación de hacerlo al haberlo pactado así en el contrato, no nacerá sobre las mismas la obligación de retener.

DGT. Consulta V0194-16, de 20 de enero de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones. Alquiler de un trastero. El arrendamiento de un inmueble, cuando se destine para su uso exclusivo como vivienda, estará sujeto y exento del IVA, siempre y cuando no se trate de alguno de los supuestos excluidos de la exención establecido en el artículo 20.1 23 de la Ley del IVA. En otro caso, el arrendamiento estará sujeto y no exento del IVA. Así pues, cuando los trasteros se arrienden aisladamente, la operación no estará exenta del Impuesto, debiendo tributar al tipo general del 21%.

 

DGT Consulta V0309-16, de 26 de enero de 2016.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Indemnizaciones por siniestros.

La indemnización percibida de la compañía aseguradora por el siniestro dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial que se computará por la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño.

Por otra parte, el derribo de la edificación en cuanto comporta su desaparición constituye una alteración en la composición del patrimonio del contribuyente que da lugar a una variación en su valor, variación que al no existir valor de transmisión constituye una pérdida patrimonial que se cuantificará por el valor de adquisición “residual” del inmueble, sin incluir el valor del terreno. Respecto a los gastos ocasionados por el derribo, al incluir proyecto de derribo, la ejecución de la obra, certificación de finalización, notaría y registro, responden al concepto de inversiones y mejoras, por lo que los mismos pasan a formar parte, a efectos de una futura transmisión, del valor de adquisición del terreno.

 

DGT Consulta V0351-16, de 28 de enero de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Sociedades civiles.Para que una sociedad civil tenga la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades se requiere que la sociedad civil con personalidad jurídica tenga un objeto mercantil. A estos efectos, se entenderá por objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil.

Quedan, por tanto, excluidas de ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas al ámbito mercantil.

Por tanto, una sociedad civil que desarrolla una actividad de carácter profesional (abogacía) está excluida del ámbito mercantil, al estar sometida a la Ley 2/2007, de Sociedades profesionales, y no tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.

 

DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS I JOC (Generalitat de Catalunya). Resolució 1/2016, de modificació de la Resolució 4/2009, de 10 de juliol, sobre la tributació del pacte de supervivència.

En aquesta Resolució analitza les implicacions de la possible renúncia per part del cònjuge supervivent, completant així al Resolució 4/2009. Es conclou afirmant que, en la renúncia al pacte de supervivència es considera ex-lege que el cònjuge supervivent no ha adquirit mai la participació de què era titular el causant. Per tant, la participació del premort s’integrarà en el seu cabal relicte i estarà subjecte a les regles de tributació que regeixen l’adquisició de l’herència.

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