Recull Juliol-Agost 2016 Jurisprudència i Doctrina Administrativa

Recull Juliol-Agost 2016 Jurisprudència i Doctrina Administrativa

FiscalistesCEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Sentencia del Tribunal Constitucional 121/2016, de 23 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio (incorporada por la Disposición Final Cuadragésima Novena de la Ley 2/2011, de 4 de marzo).

Principio de seguridad jurídica: nulidad del precepto legal que dota de una retroactividad máxima a la regulación del régimen fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones.

El Tribunal considera que la retroactividad es de grado máximo, pues el efecto retroactivo de la norma afecta, indiscriminadamente, a todo tipo de retribución mediante opciones sobre acciones, se haya constatado o no su uso torticero en la elusión de impuestos. En este sentido, el Tribunal explicita que el hecho de que la retribución mediante opciones sobre acciones pueda emplearse para eludir impuestos de forma contraria al ordenamiento jurídico, no es razón suficiente para avalar sin más una modificación retroactiva de su régimen, pues es evidente que cualquier instrumento o negocio jurídico, -como un contrato de compraventa o la creación de una sociedad- puede ser empleado para eludir impuestos. Dicho de otro modo, si se aceptara como justificación suficiente la potencialidad defraudadora de esta modalidad retributiva, ello permitiría admitir virtualmente cualquier tipo de medida retroactiva, siempre que pudiera demostrarse que afecta a algún negocio susceptible de ser empleado para la elusión de impuestos.

Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2016, de 18 de julio de 2016.

DELITO FISCAL. Prescripción e interrupción. Delito fiscal. Interposición de denuncia o querella.

Según razona el Tribunal, la interpretación del artículo 132.2 del Código Penal, según redacción vigente, en el sentido de que “la simple presentación de una denuncia o querella, sin que medie ningún acto de interposición judicial, interrumpe el plazo de prescripción, no respeta las exigencias de tutela reforzada, al no tomar en consideración ni las exigencias derivadas de la seguridad jurídica, ni el fundamento de la institución, ni la implicación del derecho a la libertad (art. 17.1 CE)” (entre otras, Sentencias del Tribunal Constitucional 59/2010, de 4 de octubre; 2/2013, de 14 de enero; y 51/2016, de 14 de marzo). También ha declarado este Tribunal que “la determinación de la intensidad o calidad de dicha actuación judicial para entender interrumpido el lapso prescriptivo de las infracciones penales corresponde a la jurisdicción ordinaria” (Sentencias 59/2010, de 4 de octubre y 133/2011, de 18 de julio).

En el caso enjuiciado, la querella del Ministerio Fiscal (solicitud de iniciación del procedimiento) se repartió al Juzgado de Instrucción en fecha de 11 de enero de 2013, esto es, antes de que concluyese el plazo de prescripción respecto al IVA del ejercicio de 2007, y el primer acto de interposición judicial con virtualidad interruptora fue el Auto de 26 de febrero de 2013 (transcurrido el plazo de prescripción), de incoación de diligencias previas y de admisión de querella. Pues bien, a diferencia de la doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional considera que la presentación de una denuncia o querella no tiene efectos interruptivos.


Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio de 2016.

Sentencia por la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de parte de la norma reguladora de las denominadas “Tasas Judiciales”. En concreto, se declara la inconstitucionalidad del

– artículo 7, apartado 1, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en relación a los siguientes incisos: “en el orden jurisdiccional civil: … apelación: 800 €; casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €”; “en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: abreviado: 200 €; ordinario: 350 €; apelación: 800 €; casación: 1.200 €”; y “en el orden social: suplicación: 500 €; casación: 750 €”.

– artículo 7, apartado 2, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; dado que las sucesivas reformas operadas por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, que había reducido la cuota para las personas físicas, y Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, que eximió del pago del tributo a las personas físicas, habían dejado sin efecto las mismas, de tal forma que, el Tribunal declara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en lo que se refiere a la impugnación de los artículos 1 y 7, en su aplicación a las personas físicas.

Señalar que, el Tribunal no declara la inconstitucionalidad de todas las tasas judiciales, sino sólo las que expresamente menciona. Y es que, a juicio del Tribunal Constitucional, en principio, el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso- administrativo y social de la Ley 10/2012 no vulnera el derecho fundamental de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución, ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia del artículo 119 de la CE, pues se acreditan supuestos de exención y de pago flexible para aquéllas personas jurídicas que no cuenten con suficientes recursos para litigar.

Partiendo de dicha consideración, la inconstitucionalidad deriva porque, según el Tribunal, la cuantía de determinadas tasas (tanto la cuota fija como la variable) pueden resultar desproporcionadas y producir un efecto disuasorio a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia en el ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Las tasas declaradas inconstitucionales no serán exigibles desde la fecha de publicación en el BOE de la Sentencia, esto es, el pasado 15 de agosto. Desde esa fecha no será exigible pues la presentación del Modelo 696, de tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.


Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de julio de 2016, asunto n.o C- 332/15)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Derecho a la deducción delIVA. Requisitos materiales y formales. Disposiciones nacionales que excluyen el derecho a deducir en caso de incumplimiento de la mayoría de los requisitos formales. Fraude fiscal.

La falta de presentación de declaración de IVA, al igual que la falta de llevanza de una contabilidad, que permitan la aplicación del IVA y su control por la administración tributaria, y la falta de registro de las facturas emitidas y pagadas pueden impedir la correcta recaudación del impuesto y, en consecuencia, comprometer el buen funcionamiento del sistema común del IVA. Por lo tanto, el Derecho de la Unión no impide que los Estados miembros consideren tales incumplimientos constitutivos de fraude fiscal y denieguen, en tal supuesto, el disfrute del derecho a deducir
Una denegación del derecho a deducir en circunstancias que acrediten la existencia de un fraude fiscal por parte del sujeto pasivo que pretende disfrutar de este derecho no puede considerarse contraria al principio de neutralidad fiscal, ya que éste no puede ser válidamente invocado por un sujeto pasivo que ha participado deliberadamente en tal fraude y ha puesto en peligro el funcionamiento del sistema común del IVA (en el mismo sentido, Sentencia del TJUE de fecha 7 de diciembre de 2010, C-285/09 y de fecha 18 de diciembre de 2014, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti y otros, C-131/13, C-163/13 y C-164/13).

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de julio de 2016, asunto n.o C- 543/14)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Servicios prestados por los abogados. Sujeción al IVA.

Los servicios prestados por los abogados en el marco del régimen de asistencia jurídica gratuita no están exentos del IVA en virtud del artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112.

En el caso planteado, la Administración, a fin de que todos los ciudadanos puedan tener derecho a la asistencia letrada como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, establece un régimen nacional de asistencia jurídica gratuita asumiendo todos los gastos de abogado de los justiciables que disfruten de dicha asistencia, incluyendo, en su caso, el IVA que grave los servicios prestados por los abogados.

Pues bien, a criterio del TJUE, la sujeción al IVA de los servicios prestados por los abogados en el marco de ese régimen nacional de asistencia jurídica gratuita no conculca el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables que disfrutan de tal asistencia. Por tanto, concluye que el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que los servicios prestados por los abogados a los justiciables que disfrutan de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia jurídica gratuita, como el que es objeto del litigio principal, no están exentos del IVA.


Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 30 de junio de 2016, asunto n.o C-123/15)

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES — Libre circulación de capitales — Normativa de un Estado miembro que prevé una reducción del impuesto sobre sucesiones aplicable a las sucesiones en un patrimonio que ya fue objeto de una transmisión hereditaria que dio lugar a la percepción de ese impuesto en ese Estado miembro — Restricción — Justificación.

La libre circulación de capitales consagrada en el artículo 63 Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), apartado 1, en relación con el artículo 65 TFUE no se opone a la normativa de un Estado miembro que, en caso de una adquisición mortis causa por personas comprendidas en una determinada clase impositiva, prevé una reducción del impuesto sobre sucesiones si la herencia incluye bienes que en los diez años anteriores a tal adquisición hubiesen sido adquiridos ya mediante sucesión por personas comprendidas en la mencionada clase impositiva y en ese Estado miembro se hubiera liquidado el impuesto sobre sucesiones por dicha adquisición hereditaria anterior, mientras que no ha lugar a la reducción si el impuesto sobre sucesiones por la adquisición anterior se recaudó en otro Estado miembro.

El Tribunal reconoce que la necesidad de preservar la coherencia de un régimen fiscal puede justificar una restricción al ejercicio de las libertades de circulación garantizadas por el Tratado.


Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 13 de julio de 2016 (Recurso 3316/2015).

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Unificación de doctrina. Grado de parentesco.

La única cuestión planteada en esta casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si los sobrinos por afinidad (“sobrinos políticos”) deben ser incluidos en el Grupo III del art. 20 de la LISD, dentro del concepto de «colaterales de segundo y tercer grado», o si, por el contrario, se hallan comprendidos en el Grupo IV del precepto citado, dentro, por tanto, del concepto «colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños». Adicionalmente, se dilucida si el parentesco por afinidad se extingue cuando fallece la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad, pues, si ello fuera así, el obligado tributario no tendría derecho a ser incluido en el citado grupo III del artículo 20.2.a) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, ya que no podría ser considerado pariente afín.

En aplicación del criterio reiterado del Tribunal Supremo, no cabe sino concluir que la inclusión de los sobrinos por afinidad en el grupo III procede aun cuando hubiera fallecido la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad. En consecuencia, en el caso enjuiciado, siendo el recurrente sobrino carnal del esposo, premuerto, de la causante, procede su inclusión en el Grupo III de parentesco.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de julio de 2016 (Recurso 3404/2015).

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Unificación de doctrina. Liquidación complementaria del Impuesto. Caducidad e interrupción del plazo de prescripción.

El artículo 104.5 de la Ley 58/2003 General Tributaria, suprime todos los efectos jurídicos que eventualmente pudieran dimanar de un procedimiento caducado, salvaguardando el derecho sustantivo del órgano administrativo a liquidar si no ha transcurrido el plazo de prescripción. Por tanto, en cuanto a la interrupción de la prescripción es claro que los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Pero nada dice el precepto sobre los eventuales recursos del contribuyente destinados a obtener una declaración de caducidad cuando la Administración ha incumplido su obligación de declarar la caducidad de oficio y de archivar el expediente, o sobre los casos, como el litigioso, en que recurrida la liquidación por razones de fondo la resolución advierte y declara la caducidad del procedimiento, con la consiguiente anulación de la liquidación.

Pues bien, una interpretación conjunta del artículo 104.5 con el artículo 68.1.b) de la Ley General Tributaria obliga a entender que tampoco puede interrumpir el cómputo del plazo de prescripción del derecho sustantivo a determinar la deuda el recurso o reclamación del que se deriva una resolución que declara la caducidad del procedimiento, pues bastaría con que los interesados, aún ostentando la razón, dedujesen recursos o reclamaciones consiguiendo la declaración de caducidad, para que quedase sin contenido el precepto, y resultaría totalmente indiferente que la Administración finalizase o no las actuaciones de procedimiento de gestión en el plazo de seis meses, o que cumpliese o no con su obligación de declarar de oficio tal caducidad, porque en todo caso siempre permanecería interrumpido el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.

Por tanto, el reconocimiento de efecto interruptivo a la interposición de cualquier clase del artículo 68.1 b) no puede interpretarse en términos absolutamente literales, debiendo admitirse también la excepción respecto a los recursos que permiten obtener la declaración de caducidad, aunque se siga manteniendo la doctrina mayoritaria de la interrupción de la prescripción en relación a los actos anulables.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de junio de 2016 (Recurso 1312/2015).

Derivación de responsabilidad solidaria. Motivación, incongruencia omisiva y prescripción de la acción de derivación de responsabilidad.

En el caso enjuiciado, la eventual despatrimonialización que es causa de la exigencia de responsabilidad tributaria se produjo temporalmente con ocasión del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación y de forma previa a la notificación de la liquidación tributaria.

Pues bien, como señala el Tribunal Supremo, artículo 131.5.a) de la Ley 230/1963 (“Los que sean causantes o colaboren en la ocultación maliciosa de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir su traba”) no acota temporalmente de forma explícita el momento en el que tales hechos tienen que producirse para ser determinantes de la responsabilidad.

La obligación de pago de la deuda nace, para el deudor principal, con la realización del hecho imponible, de forma que a partir de ese momento su patrimonio presente y futuro queda vinculado a la prestación material asumida legalmente consistente en el pago de la deuda tributaria. Desde entonces, el deudor que realice operaciones de despatrimonialización puede incurrir en un ilícito y el causante o colaborador en la ocultación puede ser consciente del fin ilegítimo de la operación.

Por tanto, parece clara la voluntad del legislador de cubrir (vía el apartado a) las conductas ilícitas de desafección patrimonial, toda vez que no fija otro límite temporal cuando si lo hace en las letras b) y c) del mismo precepto.
Concluye el Tribunal que si a la ocultación patrimonial podemos asociarle la conducta maliciosa del colaborador tendente a impedir la traba de los bienes o derechos, una vez nacida la deuda, podremos entender nacida la responsabilidad por ocultación relativa a tal deuda.

Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 17 de junio de 2016 (Recurso 246/2014).

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción IVA soportado en función de la afectación futura de los bienes.

El sujeto pasivo adquiere en 2006 unos terrenos para su posterior promoción y edificación futura que, en el momento de la compra tenían la consideración de no urbanizables. la recurrente presentó en 2009 ante el Ayuntamiento un proyecto de planeamiento y desarrollo urbanístico de dicho terreno, solicitando su tramitación y que no obtuvo respuesta expresa, extremo certificado por el propio Ayuntamiento el 5 de abril de 2012.

La AEAT pretendía que el sujeto pasivo ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a su petición urbanizadora, debió proceder a la rectificación de la autoliquidación hecha en 2006 e ingresar en 2009, las cuotas deducidas y recibidas.
La Audiencia Nacional discute la tesis de la AEAT y literalmente niega que la falta de respuesta del Ayuntamiento a una petición urbanizadora constituya un hecho nuevo en el sentido del artículo 140.1 LGT. Según el Tribunal, en primer lugar, porque no existe tal novedad: los terrenos no han sufrido alteración alguna en su calificación urbanística desde 2006.

En segundo lugar, la falta de respuesta del Ayuntamiento ante una petición de cambio de planeamiento, no es definitiva ni irreversible: el cambio de planeamiento urbanístico entra de lleno en el ejercicio de competencias de la política municipal y puede ser variada de un instante a otro.

En tercer lugar, si bien es cierto que finalmente la actividad de edificación por la que se conceden las deducciones no se llevó a efecto, también lo es que existen elementos objetivos que permiten afirmar que cuando la recurrente adquirió los terrenos, era absolutamente razonable pensar que la operación sería viable y que si a la postre no fue posible ello no se debió a circunstancias imputables a la misma, o a la existencia de dudas sobre una conducta fraudulenta.

Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 2 de junio de 2016 (Recurso 201/2014).

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Deducciones por I+D+i.

Los servicios contratados con terceros, que se refacturan a la matriz siendo los resultados propiedad de la entidad matriz extranjera, no darán derecho a la deducción por I+D+i

Aún considerando que la demandante realiza una actividad de I+D, se deniega la deducción respecto de los costes externos porque estos se refacturaron a la matriz sin añadir ningún margen, lo que si sucede con los costes internos. Según la Audiencia, la actora es una mera intermediaria entre la matriz y el tercero que realiza los servicios. Y esa circunstancia, la no refacturación de los costes externos sin añadir margen alguno, determina la no aplicación de la Consulta Vinculante V1892-13 de la Dirección General de Tributos. Todo ello teniendo en cuenta que el titular de los derechos sobre el resultado de los ensayos clínicos, es la entidad matriz danesa que no cuenta con establecimiento permanente en España.

La deducción por I+D resulta aplicable a aquella entidad que incurre por sí misma en gastos, o en su caso, en inversiones de este tipo (proyectos internos) o bien a quien contrata tales servicios a un tercero que desarrolla un determinado proyecto bajo su encargo. La falta de margen propio de un beneficio es una circunstancia que redunda en el carácter de intermediaria de la empresa española y que no ha incurrido por sí misma en los gastos o inversiones.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 26 de mayo de 2016 (Recurso 4027/2014).

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Recurso unificación de doctrina. Aplicación reducción del 95%.

Se refiere el presente recurso a la cuestión de si para gozar de la bonificación fiscal del 95% por empresa familiar prevista en el art. 20.2 c) de la Ley 29/198, del Impuesto de Sucesiones, es necesario que la persona que forma parte del grupo familiar y que cumple el requisito de ejercer funciones efectivas de dirección de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayoría de sus rendimientos, debe, además, ser titular de alguna participación en el capital de dicha empresa.

Como la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de septiembre de 2010 recordaba, “resulta evidente que con el beneficio fiscal en cuestión, (….) el legislador quiso favorecer exclusivamente a patrimonios empresariales que reunieran ciertos requisitos a través de los que se exteriorizaba su carácter “familiar”, con independencia de que se tratara de una empresa individual o de participaciones en entidades”.

Ante la duda, como explicita el Tribunal, debe estarse a la interpretación finalista de la norma, de manera que si lo que se pretende es la concesión de un beneficio a las empresas familiares que facilite en lo posible su transmisión evitando una eventual liquidación para el pago del impuesto de donaciones lo lógico es interpretar la norma de una manera tendente a dicha finalidad.

Según el Tribunal, en la medida que en la norma no se establece expresamente que quien ejerza las funciones directivas sea titular de participaciones y, atendiendo a la realidad del caso, concluye afirmando que, en el supuesto planteado “está claro que es el supuesto más típico de transmisión de empresa familiar a los hijos y viudo de la causante, siendo para este caso, el que está pensado los beneficios fiscales que favorezcan dicha transmisión evitando así el cierre del negocio familiar.”

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA de fecha 1 de febrero de 2016 (Recurso 770/2012).

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Gastos deducibles. Honorarios de albacea.

Los gastos de administración del caudal relicto no son deducibles, por expresa disposición de la norma legal reguladora del impuesto. En el mismo sentido, dispone el art. 33.2 del Reglamento del Impuesto (Real Decreto 1629/1991, de 8 noviembre) que: «No serán deducibles los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto», al tiempo que en lugar alguno de tal Reglamento se contemplan como deducibles las retribuciones de los albaceas, puesto que la única mención a éstos que aquí interesa es la contenida en la letra d) del artículo 11.

Según el Tribunal, es incuestionable que los gastos generados por la actuación de los albaceas, incluidas sus retribuciones, son gastos de administración del caudal relicto. El albacea, en efecto, desarrolla las funciones de gestión del patrimonio hereditario que, en ausencia del mismo, se atribuyen al heredero o herederos como continuadores de las relaciones jurídicas del causante y, en particular, la administración -tanto conservativa como liquidatoria- del caudal relicto (cfr., actualmente, el art. 429-8 del citado Código civil de Cataluña).
(Ver voto particular discrepante).

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)

Resolución de fecha 2 de junio de 2016 (Rec. 6512/2012)

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Responsabilidad subsidiaria de los administradores de sociedades mercantiles.

La caducidad del nombramiento del administrador, o su renuncia al cargo, no libera al administrador de las obligaciones que en su día adquirió frente a la Hacienda Pública como administrador de la sociedad. Sólo quedará liberado una vez que, convocada la Junta, se nombre al nuevo administrador o, en su caso, se convoque la Junta para la disolución de la sociedad; y si esto no fuera posible, inste la disolución judicial, al ser imposible el nombramiento de otro administrador en su sustitución que haga operativo el funcionamiento de la sociedad.

En definitiva, la caducidad del cargo de administrador no es automática, pues para aquellos casos en los que la caducidad provoca la vacante total del órgano de administración, por no existir otro administrador titular o suplente, al requisito del vencimiento del plazo se añade otro, como es la obligación de la celebración de Junta General o bien el transcurso del término para la celebración de la Junta para resolver sobre la aprobación de cuentas del año anterior y el nombramiento del nuevo administrador.

Para mayor referencia, Resoluciones TEAC de 5 de octubre de 2000, 12 de marzo de 2008 y 10 de febrero de 2010.

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA

DGT Consulta V1631-16, de 14 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancias patrimoniales.

El derecho a la deducibilidad del gasto no se pierde por el hecho de haber pagado el impuesto del que no se es sujeto pasivo. Los pactos privados sobre impuestos (en este caso, la plusvalía municipal) no afectan a la obligación tributaria; el sujeto pasivo sigue siendo el que viene establecido en la ley. Sin embargo, si las partes acuerdan que el importe del mismo lo abone quien no es el sujeto pasivo, no por ello quien sufre el flujo económico va a perder el derecho a la deducibilidad del gasto, siempre y cuando se pueda probar el acuerdo.

DGT Consulta V1810-16, de 22 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Regímenes especiales. Régimen especial de bienes usados.

La entidad consultante se plantea organizar la recogida de ropa y muebles usados de particulares, que los entregarán gratuitamente, para, previa reparación, revenderlos. En algunas ocasiones, adquirirá ropa usada y muebles viejos a empresarios o profesionales como elementos residuales de sus actividades económicas.

La consultante podrá aplicar el régimen especial de los bienes usados siempre que presente la declaración de comienzo de sus actividades. Si el sujeto pasivo revendedor ha presentado dicha declaración, podrá aplicar el régimen especial, en cada entrega que realice de bienes usados adquiridos a particulares que sean susceptibles de nueva utilización para sus fines específicos, con independencia de la forma en que se vendan, respecto de cada operación que realice, sin que la renuncia al citado régimen especial deba ser comunicada expresamente a la Administración.

DGT Consulta V1811-16, de 22 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE DONACIONES. Crowfunding

Tal como el consultante describe las operaciones objeto de consulta –ingresos por donativos–, parece que las cantidades que pretende obtener lo serían sin contraprestación, es decir, a título lucrativo. De hecho, aunque el consultante no da ninguna denominación a estas operaciones, parece que podrían calificarse como “crowdfunding”, término inglés que suele traducirse como “cuestación popular”, “financiación colectiva”, “microfinanciación colectiva” o “micromecenazgo”, y se denomina así a operaciones de cooperación colectiva, llevadas a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos para financiar esfuerzos e iniciativas de estas personas u organizaciones; para ello es frecuente utilizar Internet.

Pues bien, en tanto en cuanto las cantidades a recibir lo sean sin contraprestación, tendrán la consideración de operaciones de carácter lucrativo, por lo que, al tratarse de una persona física, resultará aplicable el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No perderán el carácter de donación las cantidades percibidas por el consultante aunque los donantes obtengan algún beneficio por el uso de la herramienta informática de código abierto publicada por el consultante, si tal uso no genera una deuda exigible obligatoriamente por el consultante, en cuyo caso tal negocio jurídico podría calificarse como donación especial de las reguladas en el artículo 619 del Código Civil.

Cuando haya algún tipo de provecho para el financiador, entraríamos en el entorno de las remuneraciones, que desplazarían el supuesto al entorno del ITP y AJD o del IVA.


DGT Consulta V1827-16, de 26 de abril de 2016.

DISOLUCIÓN DE UNA COMUNIDAD DE BIENES HEREDITARIA. Tributación.

La disolución de la comunidad de bienes hereditaria tributará por el concepto de actos jurídicos documentados (AJD); si además se produce un exceso de adjudicación evitable, o siendo inevitable no se compensa en dinero; el exceso deberá tributar como transmisión patrimonial onerosa (TPO), si es oneroso o por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), como donación, si es lucrativo.

La adjudicación de los bienes llevada a cabo en la división de la herencia no produce el devengo del IIVTNU, y ello con independencia de que la división se lleve a cabo mediante adjudicación proporcional a cada uno de los herederos, o bien, en el caso de que tratándose de un bien indivisible, se adjudique a uno de los herederos mediante compensación económica al resto. Por tanto, la adjudicación de dos bienes inmuebles a dos comuneros compensándose económicamente al tercero no produce el devengo del IIVTNU.

A su vez, no existirá alteración patrimonial con motivo de la disolución de la comunidad de bienes que van a efectuar los consultantes siempre que los valores de adjudicación de las fincas se correspondan con su respectivo valor de mercado y que los valores de las adjudicaciones efectuadas se correspondan con la respectiva cuota de titularidad, conservando los bienes adjudicados los valores y fechas de adquisición originarios.

(En el mismo sentido, Consulta V1828-16 de 26 de abril de 2016).


DGT Consulta V1870-16, de 27 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Base imponible.

Modificación de la base imponible cuando los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones gravadas resulten total o parcialmente incobrables.

En cuanto a si puede entenderse cumplido el requisito previsto en la condición 4a, del artículo 80, apartado cuatro, letra A), de la Ley 37/1992, relativo a la instancia del cobro “mediante reclamación judicial al deudor”, cuando se interpone una demanda de concurso necesario contra el deudor, de acuerdo con el informe de la Abogacía del Estado de la Secretaría de Hacienda de fecha 7 de abril de 2016, emitido a solicitud de este Centro directivo, cabe concluir que la solicitud de declaración de concurso necesario por parte de un acreedor no puede ser considerada por sí misma reclamación judicial a los efectos de la aplicación del mencionado precepto de la Ley 37/1992.

Esto es así en la medida en que la pretensión que se ejercita en esa reclamación no va dirigida a instar el cobro del crédito adeudado, sino, únicamente, la declaración de concurso del deudor que, en última instancia, dará lugar o no al cobro del crédito.

DGT Consulta V1876-16, de 27 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Gastos deducibles.

La sociedad consultante se dedica a la recuperación y fabricación de embalajes de madera (palés). Realiza compras de palés a particulares que los entregan en las instalaciones de la consultante. Estas compras representan el 40% de la actividad. Tras su recuperación y reparación, estos palés se venden a los clientes. La compra de palés a particulares queda documentada en un contrato al que se adjunta copia del DNI de la persona que hace la entrega. El 90% de los pagos por compras de palés a particulares se realiza a través de cheque o transferencia bancaria cuyos justificantes se guardan junto al contrato de compra.

Pues bien, será gasto fiscalmente deducible, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, siempre que cumpla las condiciones legalmente establecidas, en términos de inscripción contable, imputación con arreglo a devengo y justificación documental, y siempre que no fuese susceptible de tener la consideración de gasto fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto específico establecido en la LIS.


DGT Consulta V1899-16, de 28 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del trabajo personal. Indemnización por extinción de la relación laboral por baja voluntaria. HECHO IMPONIBLE Y RENTAS EXENTAS.

De acuerdo con lo manifestado por el consultante la extinción de su relación laboral no se produce en virtud de un despido, sino que se trata de una resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral, por lo que no resultará aplicable la exención prevista en el artículo 7 e) de la LIRPF, debiendo tributar las cantidades percibidas por el consultante como rendimientos del trabajo en el IRPF.

Respecto a una posible aplicación de la reducción del 30% prevista en el artículo 18.2. de la LIRPF, dado que las rentas no se imputan en un único periodo impositivo (se abonan en mensualidades), no resultará de aplicación dicha reducción por rendimientos cuyo período de generación superior a dos años, o que sean calificables reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular.

Direcció General de Tributs (Catalunya) Consulta 132E-15, de 9 de desembre de 2015.

Tributació de la consolidació del domini en persona distinta del primer nu propietari: adquisició de la nua propietat per herència i per donació; extinció de l’usdefruit per mort de l’usufructuari.

Una persona va adquirir la nua propietat de dos immobles, per herència i per donació, respectivament. Amb posterioritat aporta els citats drets de nua propietat a una societat.

D’acord amb aquests preceptes, la subjecció a l’impost sobre successions i donacions només es produeix quan els donataris o adquirents mortis causa són persones físiques. Cal concloure, doncs, que en el cas consultat, i tenint en compte que el nou titular de la nua propietat quan es produeix la consolidació del domini és una societat, aquesta, en tant que persona jurídica, no tributarà per l’impost sobre successions i donacions sinó que ho farà, en el seu cas, per l’impost sobre societats.

Direcció General de Tributs (Catalunya) Consulta 87E-15, de 4 de novembre de 2015.

En la vostra consulta exposeu que una persona física dóna el seu negoci individual als seus fills el 31 de desembre de 2007 sense formalitzar cap document. Aquests fills, l’any 2008, constitueixen una SCP que va continuar amb el negoci rebut per la seva mare.

Ara, decideixen formalitzar aquella donació del negoci davant notari, en el que també es dóna un immoble afecte a l’activitat.

Es consulta quina és la data de meritació de l’impost, si l’any 2007 o bé el 2015, i en aquest darrer cas, si seria aplicable la reducció del 95% per la donació del negoci..

La DGT considera que en el cas que la donació es fes efectiva fa més de quatre anys (al 2007), i tenint en compte que el termini de prescripció comença des de l’endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de l’autoliquidació (un mes), cal entendre que a data d’avui hauria prescrit aquest dret.

Per una altre banda, si la donació del negoci es va fer efectiva en el 2007 els donataris no es poden aplicar la reducció prevista del 95% en l’adquisició de l’immoble, en tant que aquest (al 2015) no està afecte a cap activitat econòmica del donant, ja que els titulars de l’empresa són els mateixos donataris.

DESCARREGAR .PDF Facebooktwitterlinkedin