Recull Juny 2016 Jurisprudència Tributària Doctrina Administrativa

Recull Juny 2016 Jurisprudència Tributària Doctrina Administrativa

FiscalistesCEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 2016, asunto n.o C-267/15)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Operaciones imponibles. Cesación de la actividad económica imponible. Tenencia de bienes que hayan dado lugar a la deducción del IVA. Regularización de las deducciones. Período de regularización.

El artículo 18, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de cesación de la actividad económica imponible del sujeto pasivo, la tenencia de bienes por parte de éste, cuando tales bienes hayan dado derecho a una deducción del impuesto sobre el valor añadido en el momento de su adquisición, puede asimilarse a una entrega de bienes a título oneroso y someterse al impuesto sobre el valor añadido si ha expirado el período de regularización previsto en el artículo 187 de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2009/162.

Con este criterio, el Tribunal pretende lograr el objetivo del artículo 18, letra c), de la Directiva IVA, que consiste en evitar que bienes que hayan dado derecho a deducción sean objeto de un consumo final no gravado como consecuencia del cese de la actividad imponible y en eliminar efectivamente cualquier desigualdad en materia de IVA entre los consumidores que adquieran sus bienes a otro sujeto pasivo y aquellos que los adquieran dentro de la actividad de su empresa. Por tanto, cuando un bien que haya dado derecho a una deducción del IVA conserve un valor residual en la fecha de cesación de la actividad económica imponible, con independencia del período transcurrido entre la fecha de la adquisición de ese bien y la del cese de la actividad.

La base imponible estará constituida por el precio de compra de tales bienes o de bienes similares o, a falta del precio de compra, por el precio de coste, evaluados tales precios en el momento en que las operaciones se realicen. La base imponible de la operación en caso de cese de la actividad económica imponible es el valor de los bienes de que se trate determinado en la fecha del cese, que por lo tanto tiene en cuenta la evolución experimentada por el valor de los citados bienes entre su adquisición y el cese de la actividad económica (véase, Sentencia de 8 de mayo de 2013, Marinov, C-142/12).

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 2016, asunto n.o C-267/15)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Impuesto soportado. Deducción.

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las que originaron el litigio principal, en las cuales el sujeto pasivo hizo construir un edificio y lo vendió por un precio inferior a su coste de construcción, este sujeto pasivo tiene derecho a la deducción de la totalidad del impuesto sobre el valor añadido que pagó por la construcción de ese edificio y no sólo a una deducción parcial de este impuesto en proporción a las partes de dicho edificio que el adquirente del mismo destine a actividades económicas. El hecho de que ese adquirente ceda gratuitamente el uso de una parte del edificio en cuestión a un tercero carece por completo de incidencia a este respecto.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 2016, asunto n.o C-11/15)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Prestaciones de servicios realizadas a título oneroso.
Concepto. Radiodifusión pública. Financiación mediante tasa.

El artículo 2, punto 1, de la de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que una actividad de radiodifusión pública como la controvertida en el litigio principal, que se financia mediante una tasa abonada por las personas que sean propietarias o que posean un receptor de radio y que es ejercida por una sociedad de radiodifusión creada ex lege, no constituye ninguna prestación de servicios «realizada a título oneroso», a efectos de dicho precepto, y, por consiguiente, no está incluida en el ámbito de aplicación de la Sexta Directiva.

Una prestación de servicios sólo se realiza «a título oneroso», y, por tanto, sólo está sujeta a gravamen si entre quien efectúa la prestación y su destinatario existe una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario (véanse las Sentencias de 3 de marzo de 1994, Tolsma, C‐16/93; de 29 de octubre de 2009, Comisión/Finlandia, C‐246/08, y de 27 de octubre de 2011, GFKL Financial Services, C‐93/10).

Por otro lado,la obligación de abonar la tasa radiofónica no trae causa de la prestación de un servicio respecto del cual la tasa constituya el contravalor directo, dado que dicha obligación no está vinculada a que las personas sometidas a tal obligación utilicen el servicio de radiodifusión pública prestado por la entidad pública, sino que depende de la mera posesión de un receptor de radio, sea cual sea el uso que se le dé al mismo.


Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de junio de 2016 (Recurso 1591/2015).

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN. Duración de las actuaciones inspectoras. Ampliación. Acuerdo de ampliación notificado una vez expirado el plazo de doce meses.

Las diligencias practicadas después de expirado ese plazo máximo, no son “reanudación” en el sentido formal que exige el artículo 150.2.a) de la Ley General Tributaria. En este precepto se dispone que la reanudación de las actuaciones, con conocimiento formal del interesado, después de expirado el plazo (doce o veinticuatro meses) interrumpe la prescripción. Ahora bien, esta previsión legislativa debe entenderse en sus estrictos términos; no se trata de que una mera actuación ulterior sin más “reviva” un procedimiento ya fenecido, como sin duda es el del caso enjuiciado, según admite la propia Administración recurrente, sino de una decidida actuación administrativa de llevar a cabo la tarea que inicialmente no realizó en el tiempo legalmente requerido. Para su validez, debe mediar una actuación formal de la Inspección de los Tributos poniendo en conocimiento del obligado tributario la reanudación de las actuaciones. En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias de 6 de marzo de 2014, 13 de junio de 2014, 12 de marzo de 2015 y 23 de mayo de 2016.


Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 21 de junio de 2016 (Recurso 1410/2015).

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. BASE IMPONIBLE. Gastos deducibles.

INFRACCIÓN DEL PRINICIPIO DE IGUALDAD.

Pérdidas derivadas de la venta de acciones de una sociedad en quiebra adquirida en ejercicios anteriores. Operación en la que en la adquisición intervienen dos compañías que actúan de igual manera, sin embargo, la Inspección reconoce el derecho a la deducción de la pérdida a una de ellas y a la otra no.

Ante ello, el Tribunal Supremo recuerda que es un principio nuclear de todo Estado de Derecho y que repudia que, sin una justificación objetiva y razonable, los sujetos sometidos al mismo ante situaciones iguales sean tratados de forma diferente. Este principio en nuestro sistema encuentra su máximo reconocimiento en el artículo 14 de la Constitución y al mismo se debe sujetar la Administración tributaria, porque así se infiere de los artículos 9.3, 53.1 y 103.1 de la propia Norma Fundamental y del artículo 3 de la Ley General Tributaria, que en su apartado 1 somete la ordenación del sistema tributario, entre otros, al principio de igualdad, y cuyo apartado 2 impone que en la aplicación del sistema tributario se asegure el respeto a los derechos y garantías de los obligados, entre los que se encuentra el de no ser discriminado, esto es, el derecho a no ser tratado de forma diferente que sus iguales si no media una razón, debidamente explicitada, que así lo justifique.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 7 de junio de 2016 (Recurso 193/2014).

TRIBUTOS-REVISIÓN DE ACTOS: Ejecución de resoluciones administrativas que ponen fin a la vía administrativa de revisión: derecho a la devolución reconocido en resolución económico- administrativa firme: no se trata de un supuesto de devolución de ingresos indebidos, sino de la ejecución y cumplimiento de las resoluciones administrativas: existencia de un interés general en que las resoluciones económico-administrativas se lleven a cabo, que conlleva un deber de oficio del propio órgano económico-administrativo de controlar el cumplimiento de sus propias resoluciones declarativas de derechos.

Denegación de la devolución solicitada por haber transcurrido más de cuatro años entre la fecha de notificación del fallo del TEAC y la del escrito presentado por el contribuyente.

Examen de artículo 66 LGT. El precepto distingue claramente entre la prescripción del derecho “a solicitar” la devolución de ingresos indebidos -apartado c)- y la prescripción del derecho “a obtener” las devoluciones de ingresos indebidos -apartado d-. La calificación correcta de lo reclamado no es la de una petición de devolución de ingresos indebidos, sino la de la ejecución de una resolución firme y favorable, que constituye algo cualitativamente más intenso en cuanto a la fuerza del derecho que ostenta el favorecido por ese acto firme. La potestad administrativa de revisión obligatoria no puede decaer ante la pasividad de la Administración pública. No puede denegarse la devolución acordada tomando como dies a quo para el cómputo del plazo la fecha de notificación al interesado del fallo del TEAC: 3 abr. 2006 cuando la resolución objeto de ejecución no fue enviada a la Delegación Especial a efectos de su ejecución hasta el 30 ago. 2006.

No deja de llamar la atención que el TEAC, omita toda consideración acerca de la naturaleza de las propias potestades de ejecución y de control de ésta, desplazando totalmente al beneficiario del derecho reconocido por la resolución dictada la carga de impulsar el procedimiento necesario para llevarlo a término, eludiendo toda referencia, siquiera implícita, a su deber de oficio de garantizar la ejecución de lo definitivamente resuelto en favor de la entidad ahora recurrida. Por eso resulta improcedente considerar que es aplicable el plazo de cuatro años que rige para la prescripción del ejercicio de las potestades de la Administración o para reclamar frente a ésta los derechos económicos a la devolución de lo indebidamente ingresado.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 9 de mayo de 2016 (Recurso 933/2015).

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS. CONSULTAS TRIBUTARIAS

La documentación remitida a la DGT con el planteamiento de una consulta tributaria y no tenida en cuenta expresamente en su respuesta no pierde su valor jurídico en lo que a la interpretación de la operación se refiere.

Como señala el Tribunal Supremo, una consulta tributaria vinculante no es fuente de Derecho -y, desde luego el criterio expresado en ella no vincula a los tribunales-. Pero ello no supone que los mencionados órganos administrativos, por disposición expresa de la Ley, puedan apartarse de la respuesta dada por la propia Administración siempre que concurran los requisitos subjetivos, objetivos, formales y de procedimientos establecidos legal y reglamentariamente.

En el caso enjuiciado, la mercantil había formulado una consulta tributaria y obra la respuesta de la DGT, que contempla la descripción sucinta de hechos y la cuestión planteada. Siendo así, la Inspección no estaría vinculada por la respuesta dada a la consulta, si constata, con base en los contratos que determinan la condición del obligado tributario, que los hechos eran distintos de aquellos que se someten a la respuesta de la DGT. Pero para constatar las diferencias o no con la consulta, será preciso conocer íntegramente el expediente de la consulta.


Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 9 de mayo de 2016 (Recurso 933/2015).

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Cambio de afectación entre sectores diferenciados. Autoconsumo.

Normalmente la actividad de promoción inmobiliaria y de arrendamiento de viviendas son dos sectores diferenciados de actividad al diferir en más de 50 puntos los porcentajes de deducción y por tanto en el caso de que se produzca un cambio de afectación desde el sector de promoción inmobiliaria al sector de arrendamiento se produce el hecho imponible del autoconsumo. Y es que el cambio de afectación de un edificio de la actividad de promoción inmobiliaria a la de arrendamiento supone un cambio en el derecho a la deducción de las cuotas soportadas diferente al correspondiente a la actividad a la que se afectó inicialmente el bien.

Ahora bien, en el caso enjuiciado (la Sociedad alquiló determinadas viviendas que integran una promoción, mediante contrato de arrendamiento sin opción de compra, a la espera de que el mercado se recupere y poderlas vender), como pone de manifiesto la Sentencia de instancia no supone que se produjese la dedicación de las viviendas al arrendamiento, en lugar de a su venta, y con ello se excluye que existiera un verdadero cambio de actividad económica de la recurrida que supusiera, realmente, el autoconsumo gravado por el IVA. Los plazos contemplados, la actividad desarrollada por la inmobiliaria desde el 2003 y las gestiones efectuadas, incluso en el 2010, junto con el resto de la actividad probatoria pudieron llevar al tribunal “a quo” a considerar, en su sentencia, que no se había producido el cambio de actividad.

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID de fecha 9 de marzo de 2016 (Recurso 22/2014).

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Deducción por I+D+i.

En relación al I+D+i y la deducción por la realización de dichas actividades, dada la complejidad de la materia y la difícil demostración del carácter de la actividad desarrollada por el sujeto pasivo en relación al I+D+i no se deja por la legislación al azar y a la improvisación o valoración superficial, sino que se ha previsto un sistema probatorio para la acreditación de tal extremo que, si bien no es de carácter vinculante para la administración, sirve de clarificación para la obtención de la deducción.

En el caso enjuiciado, la entidad actora no ha acudido al Ministerio de Economía (CDTI) para obtener dicho informe sino que ha aportado con la demanda un informe pericial por técnico especializado.

Para poder regularizar y negar la deducción, conforme la doctrina del Tribunal Supremo, la Administración debe basarse en un informe técnico que acredite que no nos encontramos ante una actividad de investigación o desarrollo, en el sentido marcado por la ley, siendo entonces cuando el sujeto pasivo ha de desvirtuar su contenido. En el presente caso la Inspección no acudió a ese informe técnico y utilizó un método para la valoración que la Sala no puede aceptar como válido, dado que para la apreciación de si los trabajos por los que la Sociedad pretendía deducirse constituían una actividad de I+D, acudió a un método que no era ni una prueba testifical, ni un informe pericial, puesto que solo consistía en una valoración por un actuario, del que no constan especiales conocimientos técnicos, sin ningún tipo de contradicción o intervención del sujeto pasivo y sin motivación del porqué se aceptaba que en unos casos los trabajos eran de I+D y en otros no.

(En el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de enero de 2014, para unificación de doctrina).

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID de fecha 11 de marzo de 2016 (Recurso 11/2014).

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN O RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.
Aportación de documentación.

La prohibición de aportar nueva documentación tras el trámite de audiencia afecta solo al procedimiento de comprobación. Aunque los Tribunales Económico-Administrativos han venido negando dicha posibilidad, esta postura atenta contra el derecho a tutela judicial efectiva y así se está reconociendo por distintos tribunales tanto en vía económico administrativa como en vía contenciosa.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de junio de 2012, afirma: “el recurso contencioso administrativo, pese a la denominación que utiliza la Ley, no constituye una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa, sino que se trata de un auténtico proceso, autónomo e independiente de la vía administrativa, en el que resultan aplicables los derechos y garantías constitucionales reconocidos, y en donde pueden invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos no invocados en vía administrativa, con posibilidad de proponer prueba y aportar documentos que no fueron presentados ante la Administración para acreditar la pretensión originariamente deducida, y no quepa introducir nuevas cuestiones o pretensiones no hechas valer en la vía administrativa.”

Por tanto, el TSJ considera que no existe ningún obstáculo procesal para incorporar al recurso y valorar los documentos aportados por la entidad actora con la demanda proceso. Según el TSJ, la limitación del artículo 96.4 del Real Decreto 1065/2007 sólo delimita el contenido del expediente administrativo a los efectos de limitar el objeto y motivación de la liquidación que se pueda dictar por la Administración, pero en modo alguno se refiere a la tramitación del recurso de reposición o reclamación económico administrativa que pudiera interponerse frente a la liquidación.

Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA de fecha 8 de marzo de 2016 (Recurso 155/2014).

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA. Hecho imponible. Pérdida patrimonial.

El Tribunal ratifica sus conclusiones al respecto:

“1.a) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.
2.a) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.”

En suma, si no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (artículo 104.1 de la LHL) y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del artículo 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.
(Ver Sentencia de 3 de diciembre de 2015, recurso 193/2014).

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)

Resolución de fecha 2 de junio de 2016 (Rec. 6512/2012)

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Responsabilidad subsidiaria de los administradores de
sociedades mercantiles.

La caducidad del nombramiento del administrador, o su renuncia al cargo, no libera al administrador de las obligaciones que en su día adquirió frente a la Hacienda Pública como administrador de la sociedad. Sólo quedará liberado una vez que, convocada la Junta, se nombre al nuevo administrador o, en su caso, se convoque la Junta para la disolución de la sociedad; y si esto no fuera posible, inste la disolución judicial, al ser imposible el nombramiento de otro administrador en su sustitución que haga operativo el funcionamiento de la sociedad.

En definitiva, la caducidad del cargo de administrador no es automática, pues para aquellos casos en los que la caducidad provoca la vacante total del órgano de administración, por no existir otro administrador titular o suplente, al requisito del vencimiento del plazo se añade otro, como es la obligación de la celebración de Junta General o bien el transcurso del término para la celebración de la Junta para resolver sobre la aprobación de cuentas del año anterior y el nombramiento del nuevo administrador.

Para mayor referencia, Resoluciones TEAC de 5 de octubre de 2000, 12 de marzo de 2008 y 10 de febrero de 2010.

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA

DGT Consulta V1631-16, de 14 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancias patrimoniales.

El derecho a la deducibilidad del gasto no se pierde por el hecho de haber pagado el impuesto del que no se es sujeto pasivo. Los pactos privados sobre impuestos (en este caso, la plusvalía municipal) no afectan a la obligación tributaria; el sujeto pasivo sigue siendo el que viene establecido en la ley. Sin embargo, si las partes acuerdan que el importe del mismo lo abone quien no es el sujeto pasivo, no por ello quien sufre el flujo económico va a perder el derecho a la deducibilidad del gasto, siempre y cuando se pueda probar el acuerdo.

DGT Consulta V1810-16, de 22 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Regímenes especiales. Régimen especial de bienes usados.

La entidad consultante se plantea organizar la recogida de ropa y muebles usados de particulares, que los entregarán gratuitamente, para, previa reparación, revenderlos. En algunas ocasiones, adquirirá ropa usada y muebles viejos a empresarios o profesionales como elementos residuales de sus actividades económicas.

La consultante podrá aplicar el régimen especial de los bienes usados siempre que presente la declaración de comienzo de sus actividades. Si el sujeto pasivo revendedor ha presentado dicha declaración, podrá aplicar el régimen especial, en cada entrega que realice de bienes usados adquiridos a particulares que sean susceptibles de nueva utilización para sus fines específicos, con independencia de la forma en que se vendan, respecto de cada operación que realice, sin que la renuncia al citado régimen especial deba ser comunicada expresamente a la Administración.

DGT Consulta V1811-16, de 22 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE DONACIONES. Crowfunding

Tal como el consultante describe las operaciones objeto de consulta –ingresos por donativos–, parece que las cantidades que pretende obtener lo serían sin contraprestación, es decir, a título lucrativo. De hecho, aunque el consultante no da ninguna denominación a estas operaciones, parece que podrían calificarse como “crowdfunding”, término inglés que suele traducirse como “cuestación popular”, “financiación colectiva”, “microfinanciación colectiva” o “micromecenazgo”, y se denomina así a operaciones de cooperación colectiva, llevadas a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos para financiar esfuerzos e iniciativas de estas personas u organizaciones; para ello es frecuente utilizar Internet.

Pues bien, en tanto en cuanto las cantidades a recibir lo sean sin contraprestación, tendrán la consideración de operaciones de carácter lucrativo, por lo que, al tratarse de una persona física, resultará aplicable el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No perderán el carácter de donación las cantidades percibidas por el consultante aunque los donantes obtengan algún beneficio por el uso de la herramienta informática de código abierto publicada por el consultante, si tal uso no genera una deuda exigible obligatoriamente por el consultante, en cuyo caso tal
negocio jurídico podría calificarse como donación especial de las reguladas en el artículo 619 del Código Civil.

Cuando haya algún tipo de provecho para el financiador, entraríamos en el entorno de las remuneraciones, que desplazarían el supuesto al entorno del ITP y AJD o del IVA.

DGT Consulta V1827-16, de 26 de abril de 2016.

DISOLUCIÓN DE UNA COMUNIDAD DE BIENES HEREDITARIA. Tributación.

La disolución de la comunidad de bienes hereditaria tributará por el concepto de actos jurídicos documentados (AJD); si además se produce un exceso de adjudicación evitable, o siendo inevitable no se compensa en dinero; el exceso deberá tributar como transmisión patrimonial onerosa (TPO), si es oneroso o por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), como donación, si es lucrativo

La adjudicación de los bienes llevada a cabo en la división de la herencia no produce el devengo del IIVTNU, y ello con independencia de que la división se lleve a cabo mediante adjudicación proporcional a cada uno de los herederos, o bien, en el caso de que tratándose de un bien indivisible, se adjudique a uno de los herederos mediante compensación económica al resto. Por tanto, la adjudicación de dos bienes inmuebles a dos comuneros compensándose económicamente al tercero no produce el devengo del IIVTNU.

A su vez, no existirá alteración patrimonial con motivo de la disolución de la comunidad de bienes que van a efectuar los consultantes siempre que los valores de adjudicación de las fincas se correspondan con su respectivo valor de mercado y que los valores de las adjudicaciones efectuadas se correspondan con la respectiva cuota de titularidad, conservando los bienes adjudicados los valores y fechas de adquisición originarios.

(En el mismo sentido, Consulta V1828-16 de 26 de abril de 2016).


DGT Consulta V1870-16, de 27 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Base imponible.

Modificación de la base imponible cuando los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones gravadas resulten total o parcialmente incobrables.

En cuanto a si puede entenderse cumplido el requisito previsto en la condición 4a, del artículo 80, apartado cuatro, letra A), de la Ley 37/1992, relativo a la instancia del cobro “mediante reclamación judicial al deudor”, cuando se interpone una demanda de concurso necesario contra el deudor, de acuerdo con el informe de la Abogacía del Estado de la Secretaría de Hacienda de fecha 7 de abril de 2016, emitido a solicitud de este Centro directivo, cabe concluir que la solicitud de declaración de concurso necesario por parte de un acreedor no puede ser considerada por sí misma reclamación judicial a los efectos de la aplicación del mencionado precepto de la Ley 37/1992.

Esto es así en la medida en que la pretensión que se ejercita en esa reclamación no va dirigida a instar el cobro del crédito adeudado, sino, únicamente, la declaración de concurso del deudor que, en última instancia, dará lugar o no al cobro del crédito.

DGT Consulta V1876-16, de 27 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Gastos deducibles.

La sociedad consultante se dedica a la recuperación y fabricación de embalajes de madera (palés). Realiza compras de palés a particulares que los entregan en las instalaciones de la consultante. Estas compras representan el 40% de la actividad. Tras su recuperación y reparación, estos palés se venden a los clientes. La compra de palés a particulares queda documentada en un contrato al que se adjunta copia del DNI de la persona que hace la entrega. El 90% de los pagos por compras de palés a particulares se realiza a través de cheque o transferencia bancaria cuyos justificantes se guardan junto al contrato de compra.

Pues bien, será gasto fiscalmente deducible, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, siempre que cumpla las condiciones legalmente establecidas, en términos de inscripción contable, imputación con arreglo a devengo y justificación documental, y siempre que no fuese susceptible de tener la consideración de gasto fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto específico establecido en la LIS.

DGT Consulta V1899-16, de 28 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del trabajo personal. Indemnización por extinción de la relación laboral por baja voluntaria. HECHO IMPONIBLE Y RENTAS EXENTAS.

De acuerdo con lo manifestado por el consultante la extinción de su relación laboral no se produce en virtud de un despido, sino que se trata de una resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral, por lo que no resultará aplicable la exención prevista en el artículo 7 e) de la LIRPF, debiendo tributar las cantidades percibidas por el consultante como rendimientos del trabajo en el IRPF.

Respecto a una posible aplicación de la reducción del 30% prevista en el artículo 18.2. de la LIRPF, dado que las rentas no se imputan en un único periodo impositivo (se abonan en mensualidades), no resultará de aplicación dicha reducción por rendimientos cuyo período de generación superior a dos años, o que sean calificables reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular.

Direcció General de Tributs (Catalunya) Consulta 132E-15, de 9 de desembre de 2015.

Tributació de la consolidació del domini en persona distinta del primer nu propietari: adquisició de la nua propietat per herència i per donació; extinció de l’usdefruit per mort de l’usufructuari.

una persona va adquirir la nua propietat de dos immobles, per herència i per donació, respectivament. Amb posterioritat aporta els citats drets de nua propietat a una societat.

D’acord amb aquests preceptes, la subjecció a l’impost sobre successions i donacions només es produeix quan els donataris o adquirents mortis causa són persones físiques. Cal concloure, doncs, que en el cas consultat, i tenint en compte que el nou titular de la nua propietat quan es produeix la consolidació del domini és una societat, aquesta, en tant que persona jurídica, no tributarà per l’impost sobre successions i donacions sinó que ho farà, en el seu cas, per l’impost sobre societats.

Direcció General de Tributs (Catalunya) Consulta 87E-15, de 4 de novembre de 2015.

En la vostra consulta exposeu que una persona física dóna el seu negoci individual als seus fills el 31 de desembre de 2007 sense formalitzar cap document. Aquests fills, l’any 2008, constitueixen una SCP que va continuar amb el negoci rebut per la seva mare.

Ara, decideixen formalitzar aquella donació del negoci davant notari, en el que també es dóna un immoble afecte a l’activitat.

Es consulta quina és la data de meritació de l’impost, si l’any 2007 o bé el 2015, i en aquest darrer cas, si seria aplicable la reducció del 95% per la donació del negoci..

La DGT considera que en el cas que la donació es fes efectiva fa més de quatre anys (al 2007), i tenint en compte que el termini de prescripció comença des de l’endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de l’autoliquidació (un mes), cal entendre que a data d’avui hauria prescrit aquest dret.

Per una altre banda, si la donació del negoci es va fer efectiva en el 2007 els donataris no es poden aplicar la reducció prevista del 95% en l’adquisició de l’immoble, en tant que aquest (al 2015) no està afecte a cap activitat econòmica del donant, ja que els titulars de l’empresa són els mateixos donataris.

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