Recull Maig 2016 Jurisprudència Doctrina Administrativa

Recull Maig 2016 Jurisprudència Doctrina Administrativa

FiscalistesCEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de mayo de 2016, asunto n.o C-520/14)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeto pasivo. Realización de actividades
económicas.

El Ayuntamiento de Borsele ha sostenido ante las autoridades tributarias que es sujeto pasivo del IVA por la prestación de servicios de transporte escolar a cambio del pago de una aportación económica y que tiene, por ello, derecho a deducir de dicho pago el IVA que le facturan los transportistas. La desestimación de dicha reclamación se había venido basando en el argumento de que el Ayuntamiento no prestaba servicios a título oneroso y, por tanto, no realizaba actividades económicas.

Pues bien, el Tribunal estima que una corporación territorial que preste servicios de transporte escolar en las condiciones controvertidas en el asunto principal (no todo usuario adeuda las aportaciones controvertidas, sólo un tercio de ellos las han abonado, por lo que su importe cubre únicamente el 3 % del total de los gastos de transporte y el resto es asumido con cargo a fondos públicos) no realiza actividades económicas, por lo que no tiene la condición de sujeto pasivo.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de abril de 2016, asunto n.o C-522/14)

Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Artículo 49 TFUE — Normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito la obligación de comunicar a la administración tributaria información acerca de los activos de clientes fallecidos, a efectos de la liquidación del impuesto sobre sucesiones — Aplicación de dicha normativa a las sucursales establecidas en otro Estado miembro, en el cual el secreto bancario prohíbe, en principio, tal comunicación.

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que obliga a las entidades de crédito con domicilio social en ese Estado miembro a declarar a las autoridades nacionales los activos depositados o administrados en sus sucursales no autónomas establecidas en otro Estado miembro en caso de fallecimiento del propietario de dichos activos, residente en el primer Estado miembro, aun cuando el segundo Estado miembro no imponga ninguna obligación de declaración comparable y las entidades de crédito estén sometidas allí a secreto bancario bajo responsabilidad penal.

A falta de toda medida de armonización en materia de intercambio de información a efectos de los controles fiscales cuando se produjeron los hechos controvertidos, los Estados miembros tenían libertad para imponer a las entidades de crédito nacionales una obligación como la que nos ocupa, siempre y cuando las operaciones efectuadas en las sucursales residentes en el otro Estado no fueran objeto de un trato discriminatorio con respecto a las operaciones realizadas en las sucursales nacionales.

b) El hecho de que una obligación de declaración como la prevista en el Derecho alemán no esté prevista en el Derecho austriaco no puede impedir que Alemania imponga tal obligación a las entidades de crédito establecidas en Alemania. En este sentido, de la jurisprudencia del TJUE se desprende que la libertad de establecimiento no puede entenderse en el sentido de que un Estado miembro tenga que dictar sus normas fiscales en función de las de otro Estado miembro para garantizar, en cualquier situación, la eliminación de toda disparidad derivada de las normativas fiscales nacionales.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 6 de abril de 2016 (Recurso 3488/2014).

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Regla de localización de los servicios.

El supuesto analizado es el de la venta de tarjetas de saldo para teléfonos móviles y packs integrados por teléfono móvil más saldo a empresas domiciliadas en Andorra cuando, según las condiciones generales del servicio, solo se pueden utilizar en España. En concreto, se analiza si aplica la “cláusula de cierre” del artículo 70.Dos de la Ley 27/1992 del IVA según la cual estos servicios (prestados a entidades no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto) estarán sujetos en España por producirse en este territorio su utilización efectiva.

La controversia reside en que, mientras la Administración localiza las mismas en el territorio de aplicación del Impuesto, la sociedd sostiene la no sujeción de tales prestaciones de servicios en dicho territorio, al no cumplirse, a su juicio, los requisitos exigidos en el artículo 70.Dos de la Ley del IVA, que a su juicio son los siguientes: a) que la utilización efectiva de los servicios se realice en el territorio de aplicación del Impuesto -cuestión pacífica entre las partes – y b) que dicha utilización se realice por el destinatario del servicio, lo que aquí no sucede ya que las tarjetas en cuestión fueron vendidas posteriormente a terceros (hecho éste último sobre el que tampoco existe discusión).

El Tribunal concluye que sí aplica la referida “cláusula de cierre”, acudiendo para ello a la Sentencia del TJUE de 19 de febrero de 2009 en el asunto C-1/08, Athesia Druck S. R. L. Según la doctrina comunitaria, se aplicará igualmente esta cláusula cuando la utilización efectiva del servicio no se realice por el empresario no establecido sino por los clientes del mismo.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 27 de abril de 2016 (Recurso 1310/2014).

IS. Regímenes especiales. Grupos de sociedades. Deducciones por inversiones e incentivos. Reinversión de beneficios extraordinarios. Mantenimiento de la reinversión en los casos de extinción del grupo.

En un proceso de sucesión de grupos, la sociedad que pasa a ser dominada en el último de ellos no tiene posibilidad jurídica alguna de ser sujeto pasivo del Impuesto y por ello, hay que entender en interpretación del artículo 79 de la extinta Ley 43/1995 (Ley IS) -que regula la figura del sujeto pasivo en el régimen especial de grupos de sociedades-, que desde el punto de vista fiscal la obligación de mantenimiento fue asumida por el nuevo grupo. En consecuencia, la venta de las acciones al grupo no supuso a la entidad dominada incumplimiento de su obligación de mantenimiento.

Y vista la cuestión desde el punto de vista de que la sociedad dominante, resulta que si como consecuencia de la reestructuración de las actividades del grupo sucedido, que llevó a la creación sin solución de continuidad del nuevo grupo, del que se convirtió en cabecera de holding, pasó a controlar a la sociedad dominada, resulta en consecuencia que también de una forma indirecta dominaba el 100% de la inversión en la participación de las acciones en cuestión. Pues bien, es difícil entender que se considere incumplimiento de la obligación de mantenimiento de las acciones el hecho de una transmisión que supuso la conversión de una participación indirecta en una participación directa, tanto más cuanto que las acciones no salen del nuevo grupo.

A idéntica conclusión se llega aplicando la teoría de la reinversión anticipada, entendiendo que a cambio de la operación de fusión se amplió el grupo inicial, al incorporarse al mismo todo el patrimonio correspondiente a la entidad absorbente con la participación directa en una serie de sociedades respecto de las cuales la entidad de cabecera sólo tenía una participación indirecta, y que si mediante la fusión convirtió esa participación en directa, aplicando la doctrina de la reinversión sustitutiva, que incluso ha sido aceptada por la Dirección General de Tributos, debe entenderse que no ha existido incumplimiento de la obligación de mantenimiento.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 11 de mayo de 2016 (Recurso 1556/2014).

Se analiza la negativa de la Administración a la solicitud de una devolución del IVA por un incumplimiento formal de la autoliquidación del Impuesto. En concreto, se había efectuado una autoliquidación individual de IVA en lugar de haber presentado la entidad dominante la autoliquidación-declaración agregada.

A criterio del Tribunal, este incumplimiento de un requisito formal no puede convertirse en impedimento legítimo para, contradiciendo el principio de neutralidad, negar el derecho del sujeto pasivo a la devolución del IVA que le pudiera corresponder. Haciendo mención a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al principio de neutralidad del IVa, el Tribunal concluye afirmando que “procedería la devolución del IVA solicitado por la recurrida ya que de lo contrario se produciría una quiebra del principio de neutralidad, generándose un enriquecimiento injusto a favor de la Administración derivado de haber ingresado las cuotas de IVA y no haber devuelto en tiempo las sumas reclamadas.”

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 12 de mayo de 2016 (Recurso 2639/2014).

La Inspección de Tributos denegó a los hermanos y sucesores la reducción en la base imponible del tributo porque, por un lado, ninguno de los herederos ostentaban previamente participación alguna en la sociedad, por lo que no formaban parte del concepto “grupo familiar”; y, en segundo término, porque el padre de los actores figuraba como jubilado y no sería compatible percibir la pensión de jubilación con el trabajo en la empresa.

En el caso enjuiciado, el causante (padre) tenía la titularidad de las participaciones pero constaba como jubilado y no percibía renta alguna por el ejercicio de funciones de dirección. De hecho, el requisito del ejercicio de las funciones de dirección y la percepción de la principal fuente de rentas se daba en uno de los hijos y herederos si bien no tenía participación alguna en el capital social de la entidad.

Pues bien, según el criterio del Tribunal Supremo, para que se compute y analicen los citados beneficios desde la perspectiva de “grupo familiar”, no es preciso que todo el conjunto familiar tenga participaciones en la sociedad. Al contrario, el “grupo familiar” es el ámbito o marco de referencia para analizar si se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 4.8 de la Ley 19/1991 y en el artículo 20.2.c de la Ley 29/1987, de tal forma que, como sucede en el caso planteado, el causante tenía la titularidad de las participaciones en un porcentaje superior al 20% y uno de los hijos cumplía el requisito de funciones de dirección y percepción de la principal fuente de renta.

Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 10 de diciembre de 2015 (Recurso 591/2013).

IS. Regímenes especiales. Fusiones, escisiones, operaciones de activos y canje de valores.
Escisión parcial. Regla de proporcionalidad.

Entidad que segrega la parte de su patrimonio afecta a la actividad hotelera a favor de una única entidad beneficiaria de la que son partícipes solo dos de los socios de la escindida. A efecto del ITP y AJD, la Sentencia TSJ de Illes Baleares de fecha 22 de abril de 2009, recurso n.o 88/2006, declaró no aplicable el régimen especial por no respetar la regla de proporcionalidad entre todos los socios de la escindida.

La proporcionalidad exigida implica la no alteración de los porcentajes de participación de los socios en el capital social de la entidad que se escinde, circunstancia que se dio precisamente en el caso enjuiciado, en el que los dos socios mayoritarios del obligado tributario dejaron de serlo, eliminándose su participación en el mismo mientras se convirtieron prácticamente en los dos únicos socios de la entidad beneficiaria de la escisión, alterándose así la participación de cada uno de ellos en la entidad escindida al tiempo que los cuatro restantes socios no adquirieron nuevas participaciones en la entidad beneficiaria de la escisión con ocasión de la misma alterándose su porcentaje de participación tanto en el capital social de la entidad escindida como en el de la beneficiaria.

Pues bien, falta proporcionalidad en una escisión parcial a favor de una sola entidad beneficiaria si a unos socios se les atribuyen participaciones y a otros no, y por tanto, la operación no puede acogerse al régimen especial pues no reúne los requisitos de las escisiones parciales, constituyendo realmente un supuesto de separación de socios (Resolución del TEAC de fecha 1 de junio de 2008, y consulta vinculante DGT V0018-04, de 19 de abril). No es un problema de fraude de ley, sino de calificación jurídica de la norma tributaria.

No obstante, hay que tener en cuenta que lo escindido constituía una rama de actividad, y como a partir de 1 de enero de 2001 se admiten las escisiones subjetivas, procedería la aplicación de régimen especial [Ver también Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de diciembre de 2014, recurso n.o 812/2013].


Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA de fecha 14 de marzo de 2016 (Recurso 175/2014).

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Comprobación de valores

Comprobación de valores iniciada mediante dictamen de perito, por entender que el mismo no estaba debidamente motivado al no haber visitado el perito de la Administración el bien objeto de valoración.

El TSJ de Cataluña acogiéndose a la doctrina del Tribunal Supremo estima el recurso del contribuyente al considerar que debe visitarse el inmueble objeto de valoración. Cuando como sucede en la comprobación de valores de los locales comerciales se revisa el valor declarado apelando a la calidad de la finca, a su antigüedad, y sobre todo a los materiales constructivos de la edificación, tal y como se hace por parte del perito, se debe presuponer una previa visita por parte del perito al inmueble valorado, pues lo contrario convierte en nula una valoración basada en suposiciones o informaciones no contrastadas por el examen personal y directo del técnico informante.

Ante la objeción opuesta por la Administración y el Abogado del Estado de que dicha cuestión debe combatirse mediante el mecanismo de la tasación pericial contradictoria el TSJCataluña afirma que si bien es cierto que la recurrente tenía la posibilidad de promover dicha tasación pericial contradictoria a la vista del dictamen pericial emitido por perito de la Administración, también lo es que nada le impedía recurrir las liquidaciones emitidas finalmente por la Administración en base a la irregularidad de la peritación realizada, pues ello lo permite el artículo 134.3 de la Ley General Tributaria. Asimismo, según Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de marzo de 2012, recuerda que, por un lado, a los dictámenes periciales de la Administración no les alcanza la presunción de legalidad de los actos administrativos, y, por otro, que la tasación pericial contradictoria es un último derecho del contribuyente y no la única manera de combatir la tasación realizada por la Administración.


B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)


Resolución de fecha 25 de Febrero de 2016 (Rec. 6006/2015)

Notificaciones. Notificación por comparecencia de las sanciones tributarias y providencias de apremio de las mismas. Tratamiento específico del supuesto de notificaciones a no residentes, y en particular, a los residentes sin establecimiento permanente. Requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia.

La normativa tributaria no establece ninguna cautela especial para la notificación por comparecencia de las sanciones o de las providencias de apremio de las mismas, distintas de las reglas establecidas con carácter general para notificar cualquier otro acto administrativo por comparecencia en los términos del artículo 112 de la Ley General Tributaria.

En el caso específico de los no residentes, nada obsta para que, cumplidos los requisitos para la práctica de las notificaciones por parte de la Administración y no siendo posible llevarla a cabo, pueda acudirse a la notificación por comparecencia. Ahora bien, en el caso de no residentes sin establecimiento permanente, se considera que, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia para acudir válidamente por la Administración a la notificación por comparecencia y la existencia de una normativa específica como los son las normas de asistencia mutua y los Convenios de doble imposición suscritos por España, la Administración no sólo está obligada a intentar las notificaciones en los inmuebles o domicilios que le consten en territorio español, sino que también está obligada, antes de proceder a la notificación edictal, a acudir a los medios de cooperación internacional previstos, con el fin de realizar las notificaciones de forma eficaz para asegurarse de la efectividad del conocimiento de sus actos.

Resolución de fecha 31 de Marzo de 2016 (Rec. 6179/2015)

Procedimiento de declaración de responsabilidad cuyo alcance incluye sanciones. Aplicación del artículo 41.4 de la Ley General Tributaria con carácter retroactivo. Importe sobre el que debe aplicarse la reducción de conformidad del 30%: total de la sanción inicialmente impuesta versus cantidad cuyo pago se exige al obligado.

La cuestión que se plantea consiste en determinar sobre qué importe, correspondiente a la sanción que se deriva al responsable, debe aplicarse la reducción por conformidad cuando resulta aplicable, con carácter retroactivo, la disposición contenida en el artículo 41.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en aquellos supuestos de declaraciones de responsabilidad en cuyo alcance se incluyan sanciones. ¿Cuál es la base de la reducción, el total de la sanción inicialmente impuesta o la cantidad pendiente cuyo pago se exige al correspondiente obligado?

Pues bien, según el TEAC, la reducción del artículo 188.1.b) de la Ley General Tributaria que resulte aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.4 de la Ley General Tributaria y su aplicación retroactiva a las declaraciones de responsabilidad que no han alcanzado firmeza, debe hacerse sobre el importe de la sanción que originariamente se haya exigido al obligado tributario sin minorar su importe por los ingresos a cuenta que haya podido realizar el declarado responsable o cualquier otro obligado que concurra, de manera solidaria, en el mismo presupuesto de hecho.

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA

DGT Consulta V0992-16, de 14 de marzo de 2016.

El contribuyente tiene un canal en YouTube donde, como hobby o afición, sube periódicamente videos sobre videojuegos. Una empresa canadiense le ofrece pagarle por la cesión de un espacio en su canal para insertar publicidad.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. Alta de actividad de subir videos a Internet.

Esta persona, por las actividades realizadas, consistentes en la realización de videos para su posterior descarga en un canal de youtube así como la colocación de publicidad en dicho canal, deberá darse de alta en las siguientes rúbricas de la Secc. 1.a de las Tarifas: En el Epígrafe 961.1, “Producción de películas cinematográficas (incluso vídeos)”, que faculta para la venta, reproducción y alquiler de las películas producidas (incluso vídeos), comprendiendo cualquier actividad relacionada con la producción; y en el grupo 844, “Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”, por la difusión de publicidad.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS. Actividad económica.

Los rendimientos que pueda obtener el consultante por la prestación de servicios de publicidad mediante la cesión de espacios para inserciones publicitarias en su canal de YouTube constituyen rendimientos de actividades económicas. Los gastos en los que pudiera incurrir el contribuyente para la realización de los videos que inserta en su canal de YouTube tendrán la consideración de deducibles en la determinación del rendimiento neto de su actividad económica siempre que se cumpla el principio de correlación y los requisitos para ello.

DGT Consulta V0997-16, de 14 de marzo de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Exención por reinversión de vivienda habitual.

El consultante tiene la intención de vender su vivienda habitual y reinvertir el importe obtenido en la compra de una vivienda propiedad de una sociedad de la que es partícipe.

Para poder acogerse a la exención, la consideración como habitual de la vivienda ha de concurrir en ambas viviendas: en la que se transmite y en la que se adquiere. Respecto de la nueva vivienda habitual, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto 439/2007 del Reglamento del IRPF, su adquisición jurídica ha de realizarse dentro de los dos años anteriores o posteriores a la transmisión de la precedente habitual. Por lo tanto, si se cumplan las condiciones del artículo 41 del Reglamento del IRPF, a la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual del consultante le podrá resultar de aplicación la exención por la reinversión.

Evidentemente, la cuestión que no resuelve la DGT pero que subyace a la respuesta es la valoración y el precio de compra de la nueva vivienda, elemento clave para verificar el grado de cumplimiento de la reinversión.

DGT Consulta V0999-16, de 14 de marzo de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción de cuotas de IVA.

Quien resulte condenado al pago de las costas en un procedimiento judicial deberá hacer frente al pago del importe que se determine por el juez en el procedimiento de tasación de costas incluido, en su caso, el importe del IVA, al tipo que corresponda, que gravó las prestaciones de servicios de asistencia jurídica prestados a la parte ganadora del procedimiento. Por tanto, la condenada en costas, al no ser la destinataria de tales servicios profesionales, no tiene derecho a recuperar las cuotas devengadas por la prestación de los mismos ni a obtener factura a su nombre.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Consideración de las costas.

Si la demanda contra una resolución disciplinaria se concreta en la defensa de un derecho en relación con una actividad económica que se viniera desarrollando el consultante, en atención al principio de correlación señalado, los gastos objeto de consulta procedería considerarlos conceptualmente como deducibles, pues cabría afirmar que vienen exigidos por el desarrollo de la actividad.

Por el contrario, si la demanda corresponde al ámbito meramente particular del consultante, el pago a la otra parte de las costas procesales comporta una alteración en la composición de su patrimonio para el obligado al pago, produciéndose una variación en su valor, variación o pérdida que dado el carácter ajeno a la voluntad del consultante que tiene el pago de estas costas nos lleva a excluir su posible consideración como un supuesto de aplicación de renta al consumo del contribuyente, es decir, no se trata de una pérdida debida al consumo, por lo que, al no tratarse de este caso ni de ningún otro de los que el mencionado artículo 33.5 de la Ley del Impuesto excepciona de su cómputo como pérdida patrimonial, procede concluir que el pago de las mencionadas costas comportaría para el consultante una pérdida patrimonial.


DGT Consulta V1015-16, de 14 de marzo de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.

La base de la deducción estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas, el cual incluirá el importe de la prima de emisión satisfecho. Por lo tanto, siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, en la base de deducción se incluirán no sólo las cantidades satisfechas correspondientes a la participación en el capital social, sino también las satisfechas en concepto de prima de emisión de acciones o participaciones.

DGT Consulta V1026-16, de 15 de marzo de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Donaciones a entidades sin fines lucrativos.
Como regla general, las cuotas satisfechas por los socios a las asociaciones de las que son miembros no tienen carácter deducible en el IRPF, por cuanto que las aportaciones realizadas por este concepto no resultan asimilables a las aportaciones que se realizan a título de donación al no concurrir en aquéllas las notas que caracterizan a éstas:

– su carácter voluntario.

– el ánimo de liberalidad con que se realizan.

No obstante, excepcionalmente, serán asimilables a los donativos, a efectos de la práctica de la deducción correspondiente, las cuotas satisfechas por sus miembros a asociaciones declaradas de utilidad pública, cuando tal aportación se realice con ánimo de liberalidad. La existencia de este ánimo de liberalidad resulta una cuestión de difícil determinación, puesto que dependerá de las concretas circunstancias que concurran en cada caso.

Con carácter general, puede afirmarse que para la determinación de la existencia o no de este ánimo de liberalidad deberá acudirse a criterios de carácter objetivo, de forma que no se tendrán en cuenta las motivaciones subjetivas de las personas que satisfacen tales cuotas, debiéndose atender, en particular, a los derechos que, a cambio del pago de tales cuotas, otorguen a quienes las satisfacen los estatutos de la correspondiente asociación.


DGT Consulta V1104-16, de 21 de marzo de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Patrimonio Protegido.

En esta ocasión, una Resolución de dudosa aceptación, la Dirección General de Tributos se sirve afirmar que la donación de la vivienda habitual no encaja en los supuestos y propósitos la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad, pues, a criterio de la DGT, dicha norma tiene por objeto la regulación de una masa patrimonial especial y protegida, inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad.

En resumen, porque la DGT lo estima así y sin mayor explicación o amparo legal, se sirve afirmar por escrito que no resulta de aplicación la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad a una donación de vivienda habitual a hijo discapacitado.

DGT Consulta V1195-16, de 23 de marzo de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos de actividades económicas (estimación directa). Entidades en régimen de atribución de rentas.

La deducción en concepto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación se aplicará individualmente por cada contribuyente o comunero sobre el rendimiento neto de la actividad económica que le corresponde en función de su porcentaje de participación en la comunidad, aplicándose el referido límite sobre dicha cantidad. En caso de que el comunero desarrolle otras actividades económicas en estimación directa simplificada, el límite de 2.000 euros se aplicará a la suma de las deducciones correspondientes a cada una de dichas actividades, reduciéndose el exceso de forma proporcional al rendimiento neto de cada una de ellas.

DGT Consulta V1340-16, de 31 de marzo de 2016.

IVA. Sujeto pasivo en las indemnizaciones de los seguros.

Un empresario o profesional tiene un siniestro en su vehículo que implica reparación y que será objeto de cobertura por una entidad de seguros. En el caso concreto de la reparación de vehículos, el destinatario de los servicios de reparación del mismo será, con carácter general, el propietario.

No obstante, dado que los vehículos siniestrados se encuentren asegurados, habrá que plantearse si es la entidad aseguradora o el asegurado el destinatario de los servicios de reparación.

Pues bien, el artículo 18 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, prevé dos sistemas de resarcimiento en caso de siniestro.

El primero de ellos consiste en el abono de una indemnización por el asegurador una vez realizadas las peritaciones oportunas. En dicho supuesto no existen dudas en cuanto al destinatario del servicio de reparación, pues es el asegurado quien contrata con el taller las reparaciones en los plazos fijados y, posteriormente, se le resarce de los daños ocasionados. En este caso, el destinatario real de las citadas operaciones es el asegurado. En este supuesto, en la factura debe identificarse al asegurado, persona física o empresario o profesional, destinatario del servicio, con independencia, en cualquier caso, de quién sea la persona o entidad que efectúe el pago material de los mismos.
El segundo sistema prevé la posibilidad de que el asegurado consienta en sustituir la indemnización por la reparación o reposición del objeto siniestrado -esta situación debe entenderse equivalente cuando de la propia póliza de seguro se desprenda que la prestación comprometida es exclusivamente la reparación o reposición del objeto dañado-. Así, cuando se opte por el sistema de reparación, la compañía de seguros será la destinataria real de los servicios y por ello aquella que podrá deducirse el Impuesto.

En definitiva, que el destinatario de la operación será la persona o entidad que así resulte de los pactos entre las partes, es decir, entre la compañía aseguradora y el tomador del seguro.

DGT Consulta V1403-16, de 6 de abril de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Deducibilidad de intereses suspensivos, de intereses de demora con las distintas administraciones así como indemnizaciones para compensar daños causados a los clientes.

Se reafirma la calificación de los intereses de demora tributarios como gastos financieros. Por tanto, los intereses de demora tributarios son gastos fiscalmente deducibles si bien, dado que se trata de gastos financieros, estarán sometidos al límite establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto.

En relación con los intereses de demora exigibles por deudas con Administraciones o Entes públicos distintos a las administraciones tributarias en el ejercicio de sus potestades administrativas, de acuerdo con el artículo 10.3 de la LIS, todos aquellos que tengan la referida calificación jurídica y tengan la finalidad señalada (carácter indemnizatorio y/o remuneratorio), tendrán la consideración de gastos financieros, de manera que, no existiendo ningún precepto en el Impuesto sobre Sociedades que niegue su deducibilidad, los mismos resultarán deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, con el límite indicado de los gastos financieros.

Por último, respecto de los intereses de demora derivados de operaciones comerciales, aun cuando pudieran corresponder a contratos realizados con el sector público, dado que por su propia naturaleza viene a cubrir el retraso en el pago de una deuda, tendrán igualmente la misma calificación.

De igual manera, los intereses de demora que la Administración tributaria tenga la obligación de satisfacer a los contribuyentes tendrán la consideración de ingresos financieros y se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Por último, las indemnizaciones debidas con el fin de compensar el daño causado, en la parte que no cubran multas y sanciones penales y administrativas ni recargos del período ejecutivo o extemporaneidad, (como es el caso de indemnizaciones por responsabilidad civil, retraso en la entrega de una obra con sobrecostes, obras de terminación y reparación de defectos constructivos), tendrán la consideración de fiscalmente deducibles ya que no se corresponden con una sanción o recargo por la infracción cometida, en cuyo caso resultaría no deducible del Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, las indemnizaciones con los fines indicados que, por tanto, no tienen tal condición sancionadora, serán fiscalmente deducibles, siempre que se cumplan los requisitos de registro, imputación temporal y justificación, en la medida en que no se encuadran en ninguna de las letras.

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