Recull Setembre 2016 Jurisprudència Tributària Doctrina Administrativa

Recull Setembre 2016 Jurisprudència Tributària Doctrina Administrativa

FiscalistesCEC – Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de septiembre de 2016, asunto n.o C-518/14)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción del impuesto soportado — Emisión de
facturas sin número fiscal ni número de identificación a efectos del IVA.

Según el Tribunal, la rectificación de una factura para incluir un dato obligatorio, a saber, el número de identificación a efectos del IVA, tendrá efectos retroactivos, de tal forma que el derecho a deducir el mencionado impuesto repercutido en la factura rectificada podrá ejercitarse en el periodo que se expidió ésta inicialmente.

En virtud del artículo 167 de la Directiva 2006/112, el derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto deducible. Los requisitos materiales exigidos para que nazca el derecho a la deducción figuran en el artículo 168, letra a), de esta Directiva. Así, para poder disfrutar del expresado derecho, es necesario, por una parte, que el interesado sea un sujeto pasivo en el sentido de dicha Directiva y, por otra parte, que los bienes o servicios invocados como base de ese derecho sean utilizados por el sujeto pasivo para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, y que hayan sido entregados o prestados por otro sujeto pasivo. En este sentido, el requisito de estar en posesión de una factura en la que consten todos los datos exigidos por la norma constituye no un requisito material sino un requisito formal del derecho a la deducción del IVA. Por tanto, la rectificación a posteriori de una factura con el fin, por ejemplo, de corregir un error en el número de identificación a efectos del IVA que figura en ella no impide, en determinadas circunstancias, que pueda ejercerse el derecho a la deducción el año en que fue expedida la factura.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de septiembre de 2016, asunto n.o C-516/14)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Derecho a deducción — Condiciones de ejercicio — Datos que deben constar obligatoriamente en la factura — Alcance y naturaleza de los servicios prestados.

En relación a las prestaciones de servicios profesionales, el Tribunal afirma que, cuando unas facturas en las que sólo se hace mención de unos «servicios jurídicos prestados desde [el día indicado] hasta la fecha», como las del asunto principal, no cumplen, a priori, los requisitos exigidos en el punto 6 de dicho artículo (descripción de la naturaleza de los servicios), y de que unas facturas en las que sólo se hace mención de unos «servicios jurídicos prestados hasta la fecha» no cumplen, a priori, los requisitos exigidos en el punto 6 ni los exigidos en el punto 7 (fecha o periodo en la que se ha efectuado la prestación de servicios) del mismo artículo, extremos que, no obstante, deberá verificar el órgano jurisdiccional remitente.

Ahora bien, si bien el Derecho de la Unión no impide que los Estados miembros impongan, en su caso, una multa o una sanción pecuniaria proporcionada a la gravedad de la infracción, con objeto de sancionar el incumplimiento de los requisitos formales (véase, en este sentido, la Sentencia del TJUE de fecha 9 de julio de 2015, Salomie y Oltean, C-183/14), en cambio, se opone al Derecho de la Unión que se niegue el derecho a deducir el IVA basándose únicamente en que el sujeto pasivo está en posesión de una factura que incumple los requisitos establecidos en el artículo 226, puntos 6 y 7, máxime cuando las referidas autoridades dispongan de toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos materiales del ejercicio de ese derecho.

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 26 de septiembre de 2016 (Recurso 2775/2015)

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Hipoteca Unilateral a favor de la Administración. Sujeto pasivo.

El Tribunal insiste en la aceptación del acreedor como elemento determinante de la condición de sujeto pasivo. En concreto, se hace mención a que la resolución favorable de la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento de deudas tributarias y el requerimiento subsiguiente al deudor para la constitución de la garantía suponen una aceptación implícita de esta última, por lo que la expresa y formal para que se haga constar dicha circunstancia por nota marginal en el Registro de la Propiedad, es un acto debido a virtud de la doctrina de los actos propios
Las circunstancias expuestas -resolución favorable de la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento, implícita aceptación de la constitución de la hipoteca, carácter retroactivo que debe darse a la constancia expresa de la misma en el Registro de la Propiedad- hacen que debamos estimar sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al Estado, con la consiguiente derivada de declaración de exención a virtud de lo dispuesto en el artículo 45 I.A) del Texto Refundido del Impuesto.

(Acorde con doctrina de las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 16 de julio de 2015, rec. 1543/2014, y 15 de septiembre de 2015, rec. 3828/2014.)

Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 20 de julio de 2016 (Recurso 3358/2015).

PRESCRIPCIÓN. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Liquidación de intereses suspensivos y acuerdo de ejecución de sentencia. Prescripción de la acción de cobro.

Suspendida en vía administrativa la ejecutividad de una liquidación girada como consecuencia de la aportación de un aval bancario, en la vía contencioso-administrativa se condicionó la suspensión a la aportación de una garantía que no se llegó a aportar, lo que impide iniciar los trámites de ejecución.
Cuando la suspensión se condiciona a la prestación de garantía con fijación de plazo, la Administración viene obligada a esperar a la decisión definitiva para la ejecución, sin que se le pueda atribuir inactividad en tanto no conste que el órgano competente alzó expresamente la suspensión.

La petición de suspensión, en tanto no sea resuelta, o la concesión de la suspensión condicionada a la prestación de garantía, con plazo o sin plazo, en tanto no exista pronunciamiento expreso dejando sin efecto la suspensión por el incumplimiento apreciado y sea participada, impide a la Administración llevar a cabo cualquier actuación de ejecución del acto recurrido, y por ello, el plazo de prescripción de la acción de cobro queda interrumpido con motivo de una solicitud de suspensión hasta la notificación a la Administración de la decisión final.

El Supremo confirma el rechazo de la prescripción de la deuda tributaria reclamada en el acuerdo de ejecución de la sentencia y de los intereses suspensivos liquidados, porque habiendo solicitado y obtenido el interesado la suspensión, condicionada a la presentación de garantía, no procedía iniciar la ejecución, sin que los requerimientos formulados por la Administración Tributaria para que el interesado aportase diversa documentación acreditativa de la suspensión tengan incidencia alguna.


Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 20 de julio de 2016 (Recurso 790/2015).

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Concepto de ajuar doméstico.

La concepción del Impuesto de Sucesiones sobre el «ajuar doméstico» viene determinada en la ley del impuesto con referencia al «caudal relicto» y en el reglamento a la «masa hereditaria», conceptos que exigen incluir en su importe la totalidad de los bienes y obligaciones que configuran tanto «el caudal relicto» como «la masa hereditaria», siendo por tanto improcedentes las deducciones que para su fijación invocan los recurrentes. En concreto, los contribuyentes solicitaban que, a los efectos de cuantificar el valor del ajuar doméstico deberían quedar excluidos aquellos elementos patrimoniales (acciones, cuentas bancarias, dinero y activos financieros) que por su naturaleza no pueden llevar asociado la existencia de ajuar.

Asimismo, tampoco tiene en consideración la eventual adjudicación al cónyuge supérstite del ajuar en virtud del acuerdo de liquidación de la sociedad de gananciales.

Según el Tribunal, la doctrina correcta es la sostenida por la sentencia impugnada, pues ésta se atiene al concepto de «caudal relicto» y «masa hereditaria» que configuran el contenido del «ajuar doméstico», en concordancia con el artículo 659 del Código Civil, que afirma: «La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte».

Sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL de fecha 30 de junio de 2016 (Recurso 331/2014).

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Entidades de reducida dimensión. Importe neto de la cifra de negocios.
El Importe neto de la cifra de negocios son los ingresos obtenidos por la empresa en sus operaciones habituales, es decir, los ordinarios de la empresa, es decir, los que obtiene esta con carácter de permanencia, excluyendo aquellos beneficios que se puedan obtener, con carácter aislado, esporádico o extraordinario o por cualesquiera otras circunstancias.

En el supuesto de hecho enjuiciado, la actividad de la sociedad es la tenencia de un conjunto de participaciones para la obtención de rendimientos o plusvalías procedentes de la venta de dichas inversiones, la financiación de la actividad de sus participadas y, en su caso, cualquier tipo de honorario derivado de la prestación de servicios de gestión, por lo que, deberá si esto constituye su actividad ordinaria. Así pues, los ingresos que obtenga fruto de su actividad “financiera”, siempre que dicha actividad se considere como actividad ordinaria, formarán parte del concepto “Importe neto de la cifra de negocios”. En consecuencia, tanto los dividendos y otros ingresos – cupones, intereses- devengados procedentes de la financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de las inversiones, salvo los que se pongan de manifiesto en la baja de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas, constituyen, de acuerdo con lo indicado, el “importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

B. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)

Resolución de fecha 29 de septiembre de 2016 (Rec. 2221/2016)

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Aplazamientos y fraccionamientos. Requerimiento para subsanar la solicitud: contenido, plazos para su cumplimiento y posibilidad de ampliación. Efectos del incumplimiento del requerimiento.

En el caso de una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento en período voluntario que ha dado lugar a un requerimiento administrativo frente al solicitante – en los casos de que dicha solicitud no reúna los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañe de los documentos preceptivos-, a fin de completar la documentación o subsanar los defectos advertidos, la normativa tributaria que prevé que si en el plazo de diez días no se contesta al requerimiento la solicitud se archive sin más trámite, es la única de aplicación, sin que sea necesario acudir a lo prescrito, con carácter supletorio, por las normas que regulan el procedimiento administrativo común, puesto que existe normativa tributaria específicamente prevista, el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación, que además en esencia coincide con lo previsto en las disposiciones de Derecho Administrativo Común -el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 y 68.1 de la Ley 39/2015-.

En dicho requerimiento se contendrá la indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.

En el supuesto de que el plazo otorgado en el requerimiento de subsanación fuera insuficiente para que el solicitante pueda presentar correctamente la documentación solicitada, el obligado tributario podría solicitar la ampliación de dicho plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.


Resolución de fecha 22 de septiembre de 2016 (Rec. 3468/2016)

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Sanción aplicable por presentación fuera de plazo de la declaración Modelo 340 (Declaración Informativa IVA) es la prevista en el párrafo cuarto del apartado primero del artículo 198 de la Ley General Tributaria.

En los casos de presentación fuera de plazo de la declaración prevista en el artículo 36 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, modelo 340 (Declaración Informativa del IVA relativa a los Libros Registro), la sanción que resulta de aplicación es la prevista en el párrafo cuarto del apartado primero del artículo 198 de la Ley General Tributaria (sanción por dato) y no la contenida en el párrafo tercero (multa pecuniaria fija de 200€).

La conclusión anterior viene sustentada en que el fundamento de la obligación de presentar el modelo 340 lo constituyen tanto el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria como el artículo 29.2 f) del mismo texto legal, por cuanto estamos ante una obligación de aportar información por suministro, obligación que tiene naturaleza de obligación formal (por contraposición a las obligaciones materiales o de pago), no siendo ambos preceptos yuxtapuestos sino en este caso simplemente complementarios.

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2016 (Rec. 0799/2013)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Declaraciones informativa e interrupción de la prescripción.

No pueden equipararse las declaraciones-liquidaciones mensuales o trimestrales y la declaración informativa-resumen anual, pues mientras que la presentación de la declaración-liquidación periódica mensual o trimestral es una obligación formal que constituye un instrumento necesario para el cumplimiento de la obligación material del pago de la deuda tributaria, la presentación de la declaración-resumen anual supone el cumplimiento de una obligación que facilita la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero cuyo objetivo inmediato no es el pago de la deuda que resulta en cada período de liquidación. De esta forma, al no ser una actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria, ya que en el resumen anual no se produce liquidación alguna, su presentación no tiene virtualidad interruptiva del plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. De acuerdo con este criterio, cada periodo de declaración prescribiría por el transcurso de cuatro años desde la finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SANCIONADOR. Principio non bis in idem. Art 180.1 LGT.

Con fundamento en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de junio de 2009, Routsalainen v. Finlandia. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de noviembre de 2015 y 24 de febrero de 2016.

Para determinar si en los procedimientos hay una imputación criminal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fija en su jurisprudencia tres criterios que hay que analizar, los criterios Engel, que son los siguientes: la calificación jurídica de la infracción en el Derecho interno, la verdadera naturaleza de la misma, y el grado de severidad de la pena. El TEDH entiende que sus criterios segundo y tercero son alternativos. Sin embargo, si un análisis por separado de los dos criterios no arroja ningún resultado claro, los examina también de manera acumulativa.

La interdicción constitucional de apertura o reanudación de un procedimiento sancionador cuando se ha dictado una resolución sancionadora firme, no se extiende a cualquier procedimiento sancionador, sino tan solo respecto de aquellos que, tanto en atención a las características del procedimiento -su grado de complejidad- como a las de la sanción que sea posible imponer en él -su naturaleza y magnitud- pueden equiparse a un proceso penal, a los efectos de entender que el sometido a un procedimiento sancionador de tales características se encuentra en una situación de sujeción al procedimiento tan gravosa como la de que se halla sometido a un proceso penal.

Se concluye admitiendo, a la vista de lo dispuesto en el artículo 180 de la LGT, la posibilidad de continuar con el procedimiento administrativo de liquidación tributaria después de haberse dictado una sentencia absolutoria con tal de que se respeten los hechos que el tribunal penal hubiese considerado probados, por lo que es posible la calificación diferente de unos mismos hechos como consecuencia de la aplicación de normativas diferentes, ya que lo único que establece, en base al principio “non bis in idem” es la prohibición de dos sanciones, no la de dos pronunciamientos sobre los mismos hechos.

Resolución de fecha 15 de septiembre de 2016 (Rec. 1701/2013)

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Reducción del 95% por transmisión mortis causa de empresa individual. Determinación del periodo impositivo que se ha de considerar a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de la reducción.

Se produce cambio de criterio en la doctrina del TEAC (a instancia de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de diciembre de 2013) efectos del cumplimiento de los requisitos legales para disfrutar de la reducción del Impuesto sobre Sucesiones, debe tomarse en cuenta el ejercicio del fallecimiento del causante.

Así pues, en el caso de que los requisitos se cumplan en algún miembro del grupo familiar, que el ejercicio a computar es el último ejercicio cerrado, debe declarar como ejercicio a computar el propio ejercicio del fallecimiento del causante, siempre y cuando como señala el Tribunal Supremo que en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante, las retribuciones percibidas por el heredero por las efectivas funciones de dirección en la empresa familiar superen el porcentaje del 50% sobre el resto de las retribuciones integradas en su base imponible general.


Resolución de fecha 15 de septiembre de 2016 (Rec. 3493/2013)

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Impuesto sobre Sucesiones. Cobertura legal del sistema de capitalización de beneficios como método de valoración.

El sistema de valoración por capitalización de beneficios no está previsto en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ni por tanto, especificado el tipo de capitalización, por lo que no es admisible realizar la valoración por dicho sistema. Aceptar lo contrario implicaría, de forma indirecta, eludir el principio de legalidad, al ser imprescindible tener en cuenta el porcentaje a aplicar en el sistema de capitalización, que no puede quedar al arbitrio del perito, ni de la Administración, y, en definitiva, consagrar un sistema mixto de capitalización y peritación que no está expresamente contemplado como método válido.

Resolución de fecha 8 de septiembre de 2016 (Rec. 0769/2015)

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Requisitos de las entidades sin fines lucrativos. Fines de interés general.

Se cambia el criterio del TEAC a instancias de la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 1 de octubre de 2015 (rec. 487/2012). A la luz de los argumentos expuestos en esta sentencia, el TEAC entende que los fines de interés general que debe perseguir una fundación pueden ser ejecutados tanto de manera directa como indirecta. Todo ello sin perjuicio naturalmente del análisis de las circunstancias concretas de cada caso, que en el que nos ocupa ponen de manifiesto que se trata, efectivamente, de una entidad sin ánimo de lucro que ejecuta esos fines de interés general exigidos, aunque no sea directamente.

Resolución de fecha 8 de septiembre de 2016 (Rec. 5138/2013)

IRPF. Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda. Reducción en caso de que el arrendatario sea una persona jurídica.

Resulta procedente la aplicación de la reducción prevista en el apartado segundo del artículo 23 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre los rendimientos netos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles cuando siendo el arrendatario una persona jurídica, quede acreditado que el inmueble se destina a la vivienda de determinadas personas físicas. Al decir del TEAC, siempre que haya quedado debidamente acreditado que se trata del arrendamiento de un bien inmueble destinado a vivienda como residencia o morada permanente de una persona física, se da cumplimiento a la condición legal necesaria para aplicar la reducción pretendida, sin que se exija que la vivienda deba ocuparse por el propio arrendatario o que el beneficio fiscal quede excluido para el supuesto de arrendatarios personas jurídicas.

C. DOCTRINA ADMINISTRATIVA

NOTA.- La nueva web de la Dirección General de Tributos ya no permite enlazar directamente y de forma individualizada con las Consultas y Resoluciones emitidas. Para ello, se ha creado un nuevo portal web (ver aquí) que facilita la búsqueda y consulta de las mismas.

DGT Consulta V3844-16 de 12 de septiembre de 2016.

TASAS JUDICIALES.

El órgano consultivo se pronuncia acerca de los efectos e interpretación de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 21 de julio de 2016 por la que se declara la nulidad del precepto regulador de determinadas tasas judiciales. En este sentido, la DGT reitera la negativa a la devolución de las cantidades ya pagadas por los sujetos pasivos, tanto en relación a los procesos finalizados por resolución firme como respecto de aquellos procedimientos aún pendientes de finalización y en los que el abono de la tasa no fue acompañado de su impugnación.

Por otro parte, si a la fecha de publicación de la Sentencia, restaba pendiente el abono de la tasa, entonces, el actor quedará eximido de su pago.


DGT Consulta V3625-16 de 29 de agosto de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeción al Impuesto.

El consultante se dedica al minado de Bitcoins obteniendo como contraprestación por tal labor una comisión y un número de Bitcoins.

Si bien el minado (creación de moneda electrónica) no es una actividad sujeta al Impuesto (en la actividad de minado no puede identificarse un destinatario o cliente efectivo de la misma, en la medida que los nuevos Bitcoins son automáticamente generados por la red), en cambio, la compra y venta de moneda electrónica Bitcoin a cambio de euros estaría sujeta al citado gravamen. Carácter empresarial de la actividad. Las monedas virtuales Bitcoin actúan como un medio de pago y por sus propias características deben entenderse incluidas dentro del concepto «otros efectos comerciales» por lo que su transmisión debe quedar sujeta y exenta del Impuesto.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Hecho imponible.

El mero ejercicio de cualquier actividad económica, con independencia de que se ejerza, o no, en local determinado produce el supuesto de hecho gravado por el IAE, sin que ni el hecho de que la actividad no sea habitual ni el de que no se halle especificada en las tarifas del impuesto, la descarten de tributación.


DGT Consulta V3044-16 de 30 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos de actividades
económicas. Subvención para emprendedores.

Las distintas modalidades que pueden adoptar las subvenciones y sus diferentes aplicaciones dan lugar a un distinto tratamiento tributario según su calificación. Si las ayudas se aplican a compensar gastos del ejercicio o la pérdida de ingresos, tendrán el tratamiento de subvenciones corrientes:
ingresos del ejercicio. Por el contrario, las destinadas a favorecer inversiones en inmovilizado o gastos de proyección plurianual se tratarán como subvenciones de capital: imputación en la misma medida en que se amorticen las inversiones o los gastos realizados con cargo a las mismas. La subvención tendrá el carácter de subvención de capital siempre que tenga como finalidad la financiación de inmovilizado o capital fijo del empresario o profesional. No obstante, si su objeto es garantizar, en el inicio o durante el ejercicio de la actividad, unos ingresos mínimos, deberá tratarse como una subvención corriente.

Respecto de la subvención para emprendedores, como la finalidad de la misma es el establecimiento o el mantenimiento del empleo autónomo, es decir, la de asegurar unos ingresos al inicio de la actividad o para el mantenimiento de la misma, estaríamos ante una subvención corriente. Por tanto, la subvención será un rendimiento de actividades económicas y deberá imputarse en el periodo impositivo en que se devengue (fecha de reconocimiento en firme su concesión) o en aquel periodo en el que se produzca el cobro de la misma, siempre que el contribuyente hubiese optado por el criterio de cobros y pagos como criterio de imputación de ingresos y gastos.


DGT Consulta V3025-16 de 29 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancias y pérdidas
patrimoniales. Expropiación forzosa.

La expropiación forzosa de una vivienda genera una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una alteración en la composición del patrimonio de su titular y una variación en su valor. Según la regla general de imputación temporal de las ganancias o pérdidas patrimoniales, «las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial». En estos supuestos, la alteración patrimonial se entenderá producida, salvo en los casos de expropiación por el procedimiento de urgencia, cuando fijado y pagado el justiprecio se proceda a la consecuente ocupación del bien expropiado.

Sería posible acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual, siempre que la consideración como habitual de la vivienda concurra en ambas viviendas: en la que se transmite y en la que se adquiera.

A su vez, los intereses indemnizatorios se califican de ganancia patrimonial, y se cuantificará por el importe percibido, ya que el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será en los supuestos distintos del de transmisión, el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales en su caso. Esta ganancia patrimonial no daría derecho a aplicar la exención del impuesto en caso de la reinversión de los intereses de demora en una nueva vivienda habitual. En cuanto a la imputación temporal de los intereses indemnizatorios, con carácter general, solo puede entenderse producida cuando los mismos se reconozcan, es decir, cuando se cuantifican y se acuerda su abono, sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo los intereses de demora expropiatorios deberán imputarse en el periodo impositivo en que se determine el justiprecio.


DGT Consulta V3022-16 de 29 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Localización de las prestaciones de servicios.

El supuesto de hecho consiste en una persona que ejerce la actividad profesional de programador informático. Recientemente ha empezado a recibir ingresos de una plataforma de aplicaciones de Canadá. Esta plataforma de aplicaciones proporciona servicios de comercio electrónico a clientes de todo el mundo. Los programadores, como el consultante, pueden crear y mantener extensiones de la plataforma y ésta les paga una cuota quincenal por el uso de las mismas.

El servicio de creación y mantenimiento de extensiones para una plataforma de comercio electrónico de un país tercero, constituye una prestación de servicios efectuada por vía electrónica a efectos del IVA. Cuando el destinatario sea un empresario o profesional y la utilización efectiva de las extensiones creadas para la plataforma del cliente tenga lugar en el territorio de aplicación del Impuesto (TAI), aun cuando de la regla general se desprenda que el servicio no se entiende localizado en el citado territorio, por la regla especial se puede determinar la sujeción del servicio al Impuesto, cuando su utilización o explotación efectivas se realizan en el territorio de la Comunidad Europea.

La Comisión Europea se ha pronunciado con respecto a la aplicación de la norma de uso efectivo y disfrute a servicios relativos a estudios de mercado; a este respecto, según la Comisión no se puede admitir un criterio de interpretación del artículo 59 bis de la Directiva 2006/112/CE que se base en la realización material del servicio por parte del proveedor. La cláusula de uso efectivo se debe referir a una actividad del destinatario del servicio que lo consume en un determinado lugar, pero nunca el lugar donde se realiza la actividad del proveedor/prestador. Por tanto, se rechaza que el mero hecho de que el proveedor/prestador realice el servicio en un determinado Estado miembro suponga la aplicación automática de la cláusula de uso efectivo.

Por otra parte, la aplicación de la citada cláusula requiere tener en cuenta la actividad que realiza el destinatario del servicio en el Estado miembro donde materialmente se lleva a cabo el mismo.
En conclusión, si la empresa destinataria de los servicios de creación y mantenimiento de extensiones para una plataforma de comercio electrónico cuyo titular no se encuentra establecido en el Comunidad, no realiza ninguna actividad sujeta al IVA en el TAI ni tienen previsto realizarla en el futuro cabe concluir la no aplicación de la cláusula de utilidad efectiva.


DGT Consulta V3021-16 de 29 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS. Actividades económicas. Estimación
directa.

Los titulares de licencias VTC que se dediquen a la actividad de arrendamiento de vehículo con conductor (tipo “Uber”) no podrá determinar su rendimiento neto por el método de estimación objetiva ni tributar por el régimen especial simplificado del IVA, al tratarse de un servicio de arrendamiento de vehículo con conductor.

(Entre otras, consultar otras Resoluciones V1617-16 y V1620-16).


DGT Consulta V3031-16 de 29 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Sociedades civiles con personalidad jurídica.

En la medida que la normativa vigente no permite que una sociedad civil con personalidad jurídica sea titular de una oficina de farmacia, los rendimientos derivados de dicha oficina en ningún caso tributarían por el Impuesto sobre Sociedades, correspondiendo su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los farmacéuticos titulares de la oficina de farmacia, bien individualmente o en régimen de atribución de rentas, conforme al artículo 8.3 de la Ley 35/2006, en el caso de que la autorización se atribuya de forma conjunta a varios farmacéuticos, si bien dicha agrupación no puede tener una personalidad jurídica distinta a la de las personas físicas integrantes.

DGT Consulta V3010-16 de 28 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Derechos reales y consolidación del
dominio. Donación de la nuda propiedad de participaciones en entidad mercantil.

En la Resolución se repasan los criterios para determinar cuál es la Administración competente para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cómo debe valorarse la nuda propiedad y la forma de efectuar la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por los donatarios.

Tributación en el momento de la consolidación. Aplicación, con la consolidación, de determinado beneficio autonómico. Si, de aplicarse la reducción del 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el momento de adquisición de la nuda propiedad, procede igualmente en el momento de la consolidación.

DGT Consulta V2960-16 de 27 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Exención para evitar la doble imposición interna.

Los Juros Sobre el Capital Propio (JSCP) son calificados como intereses a efectos del Convenio entre España y Brasil para evitar la doble imposición. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.2 del Convenio, les corresponderá, en todo caso y con independencia de la calificación que pudieran tener a efectos de la normativa interna española, una deducción del 20% con ocasión de la eliminación de la doble imposición.

Ahora bien, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 16 de marzo de 2016 calificó la retribución de los JSCP como dividendos, entendiendo que son rendimientos derivados de la participación en el capital social de una entidad. Ahora bien, la remuneración percibida por los JSCP no tendrá derecho a la exención por doble imposición interna de los dividendos, por cuanto genera un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora, debiendo por tanto integrarse en la base imponible del Impuesto.

DGT Consulta V2920-16 de 23 de junio de 2016.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Deducciones por I+D+i.

La calificación de las actividades realizadas como investigación y desarrollo por parte del CDTI, implica que todo el proyecto desarrollado por la consultante tiene dicha consideración a los efectos del artículo 35 del TRLIS, sin necesidad de que dicha calificación se deba efectuar al término de cada anualidad de duración del proyecto, siempre que se cumplan las condiciones notificadas al CDTI y que dieron lugar a su calificación.

DGT Consulta V2893-16 de 22 de junio de 2016.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. Gastos deducibles. Dietas del personal.
En el desarrollo de dichas labores la sociedad incurre en diversos gastos. Se quiere implantar un nuevo sistema de control, en virtud del cual estos trabajadores fotografían las facturas y otros documentos que reflejan las operaciones realizadas mediante un teléfono móvil o una tableta y después envían dichas fotografías al consultante que archiva informáticamente las mismas y sus datos en su sistema informático.

Según la DGT todo gasto contable será fiscalmente deducible siempre que cumpla las condiciones legalmente establecidas en términos de inscripción contable, imputación con arreglo al devengo y justificación documental y siempre que no tenga la consideración de gasto fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto específico de la Ley. Los gastos relativos al desplazamiento de los trabajadores y cualquier otro en el que pudieran incurrir en el desarrollo del mismo serán igualmente deducibles en los mismos términos, y con los límites establecidos para la atención a clientes y proveedores de acuerdo con los usos y costumbres. En materia de prueba, la valoración sobre si los justificantes son un medio de prueba suficiente para acreditar el gasto, es una cuestión de hecho y no de derecho que corresponde efectuar a los órganos competentes de la Administración Tributaria.
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Obligaciones formales.

Con respecto a las obligaciones de conservación, los sujetos pasivos deben garantizar la autenticidad del origen y la legibilidad de las facturas, ya sea en formato papel o en formato electrónico, siendo posible que, facturas inicialmente expedidas en papel, se conserven posteriormente por medios electrónicos. Los obligados tributarios podrán proceder a la digitalización certificada de facturas, permitiendo que el obligado tributario pueda prescindir de las originales. Los software de digitalización homologados serán los referidos en Resolución de 24 de octubre de 2007 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización, si bien, nada impide que la digitalización se efectúe por otros medios siempre y cuando se sigan reuniendo los requisitos de garantía.

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